NOTIFICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.

CAOS. ADMINISTRATIVO

La Agencia Tributaria de Andalucía utiliza para sus notificaciones el “PORTAL 060”, siendo dicho sistema de notificación obligatorio para determinados sujetos pasivos.

La Agencia Tributaria de Andalucía, en aplicación de art. 14 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, comenzó, antes de verano, a notificar electrónicamente a los colectivos indicados en dicho artículo:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria…//…

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.


El acceso a tales notificaciones, ya sean de la Agencia Tributaria de Andalucía o de cualquier otra administración con la que el contribuyente tenga que relacionarse (Ayuntamientos, Diputaciones o agencias tributarias de otras Comunidades que utilicen este medio) se realiza a través del portal 060 con el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Este buzón es diferente al que utiliza para las comunicaciones con la Administración Tributaria Estatal, aunque sus notificaciones puedan igualmente recibirse por ese buzón 060.

Por ello, entendemos que es importante, advertir a los que resulten obligados, de la necesidad de activar dicho sistema de notificaciones, a fin de evitar preclusión de plazos o recargos por apremio.

Asimismo os recordamos que, conforme al artículo 43.2 de la Ley 39/2015, “cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido”.

El rechazo de la notificación del acto de que se trate, implica que el procedimiento puede seguir, tal como si se le hubiese notificado expresamente al interesado.

Esperando que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo.

 

Si bien entendemos que todas las Administraciones deberían notificar a través de la DEH y, si lo desean, también en su Sede Electrónica, el hecho es que algunas administraciones autonómicas y locales no lo interpretan así y lo están haciendo solo a través de su Sede Electrónica. En estos casos, no bastará con acceder al 060 y habrá que estar atentos a los otros puntos de notificación.

Una vez se apruebe el Reglamento de desarrollo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, si se hace en los términos en que estaba redactado el proyecto de Real Decreto sometido a información pública, ya no tendremos este problema.

 

Informacion del Colegio de Economistas y REAF

Los asesores fiscales denuncian que la AEAT sea «juez y parte» en el proceso penal por delito fiscal

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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado que la Agencia Tributaria sea «juez y parte» en el proceso penal por delito fiscal y ha alertado del aumento de querellas por este tipo de delito debido al «afán recaudatorio» del organismo tributario.

Así se ha puesto de manifiesto durante una jornada dedicada al delito fiscal, organizada por la Aedaf en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha reunido a magistrados, catedráticos y expertos tributarios.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha inaugurado la jornada, junto al vocal del CGPJ, Gerardo Martínez, y el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.

Alemany ha hecho referencia en su intervención a «un aumento de querellas por delito fiscal para responder al afán recaudatorio de la AEAT», y ha apuntado que estas querellas «muchas veces se resuelven con acuerdos, que es una vía mucho más cómoda y rápida para recaudar».

Además, Alemany ha advertido de que «los jueces se ven desbordados por este aluvión de querellas y, en algunos casos, y dada su falta de especialización en temas tributarios, tienden a descansar en las conclusiones de la Agencia». Incluso, ha añadido, en ocasiones se ha admitido como perito judicial al inspector de Hacienda que instruyó el procedimiento.

Por ello, como solución los asesores fiscales abogan por establecer una jurisdicción especializada en materia fiscal que acoja también la revisión de los delitos fiscales. En la jornada también se han abordado aspectos como la responsabilidad penal de los asesores fiscales, la concurrencia de delito fiscal, corrupción y blanqueo de capitales o el papel de la Administración tributaria en los procesos por delitos contra la Hacienda Pública.

fuente: CISS

Incidencia de los gastos de urbanización en el IIVTNU.

Se centra la cuestión litigiosa en determinar si, para acreditar la inexistencia de incremento de valor, pueden tomarse en consideración los gastos de urbanización soportados por el sujeto pasivo durante el período de permanencia del inmueble en su patrimonio, llegando el Tribunal a una conclusión negativa.

Entiende el TS que los gastos de urbanización asumidos por el sujeto pasivo del IIVTNU con posterioridad a su adquisición, como consecuencia de su participación y cumplimiento de los deberes que le corresponden en el desarrollo del proceso urbanizador de un terreno, no constituyen el precio de adquisición de los terrenos.

Considera que son costes que, al menos en el caso sometido al litigio, se producen en un momento posterior al de la adquisición y, por consiguiente, con posterioridad al momento inicial que determina el inicio del período de generación del incremento de valor gravado por el Impuesto, que grava la capacidad económica puesta de manifiesto entre dos momentos temporales, el de adquisición y el de enajenación, computados por años y con un máximo de 20.

Puesto que lo que está en cuestión es la riqueza potencial  entre dos momentos temporales (adquisición y transmisión), y no la valoración contable actualizadadel bien de naturaleza urbana integrado en el balance de la entidad recurrente, carece de transcendencia la argumentación de la actora, invocando su propia contabilidad, el Código de Comercio, así como las normas de contabilidad.

Ahora bien, estos gastos de urbanización pueden determinar un mayor valor del bien puesto de manifiesto en el momento de la enajenación. En el sistema de determinación de la base imponible del Impuesto (LHL art.107.1), el valor catastral que determina el cálculo de la base imponible es el fijado en el momento de la enajenación, que incorpora las distintas inversiones y mejoras producidas sobre el suelo enajenado desde el momento de adquisición.

En base a lo anterior el TS fija la siguiente doctrina: para calcular la existencia de un incremento o de una disminución del valor de los terrenos en el IIVTNU, los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del terreno cuya posterior enajenación determina el hecho imponible, no deben considerarse como mayor precio de adquisición puesto que se integran en el valor de los terrenos, como elemento del incremento de valor que se refleja en el precio de transmisión.

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

En primer lugar, se modifica la ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos para, entre otras medidas, extender los plazos de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda, de 3 a 5 años, y a 7 si el arrendador es persona jurídica. También se amplía el tiempo de prórroga si, cumplidos los 5 o 7 años, no existe comunicación de las partes de no renovarlo, pasando de 1 a 3 años. Asimismo, se limita la garantía adicional -aparte de la fianza en metálico de 1 mes- que se puede exigir a solo otras 2 mensualidades -hasta ahora no tenía límite-, salvo que se trate de contratos de larga duración.

En segundo lugar, se modifica la ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal con medidas como el incremento del importe del Fondo de Reserva de las comunidades de propietarios, estableciendo la posibilidad de que esos recursos se destinen a la realización de obras obligatorias de accesibilidad, y extendiendo también la obligación de realizar tales obras cuando las ayudas públicas para ello, a las que pueda acceder la comunidad, alcancen el 75% de las mismas.

En tercer lugar, se modifica la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil introduciendo cambios en el procedimiento de desahucio cuando afecte a hogares vulnerables.

Por último, las medidas fiscales son las siguientes:

En el IBI: se exceptúa la obligación de que los entes públicos repercutan este impuesto cuando arrienden vivienda con renta limitada; respecto de las viviendas desocupadas, se prevé que dicho concepto se delimite por normativa estatal o autonómica, posibilitando que los Ayuntamientos puedan aplicar el correspondiente recargo o recargos en función del período de desocupación del inmueble; y se crea una bonificación potestativa para viviendas alquiladas con renta limitada de hasta un 95%.
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITPyAJD, se deja exento el arrendamiento de inmuebles para uso estable y permanente, operaciones de las que es sujeto pasivo el arrendatario.
La entrada en vigor de estas medidas fiscales se producirá el 19 de diciembre, y las modificaciones en las normas que rigen los contratos de arrendamiento afectarán solo a los firmados a partir de esa fecha.

El dictamen de la Unión Europea enmienda la plana a la legislación Fiscal Española.

Hemos conocido el Dictamen motivado de la Comisión Europea dirigido al Reino de España sobre la obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero, modelo 720 fechado el 15 de febrero de 2017.

En el mismo, la Comisión invita al Reino de España a que “adopte las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen motivado en el plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo”.

Considera la Comisión que la normativa española sobre esta declaración informativa infringe varios principios del Tratado de Funcionamiento de la UE como la libre circulación de personas y de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales al establecer un régimen de declaración fiscal discriminatorio y desproporcionado por lo siguiente: impone multas pecuniarias fijas desproporcionadas por incumplir la obligación formal; hace tributar como ganancias no justificadas de patrimonio la falta de declaración o la presentación fuera de plazo de este modelo y, además, niega la prueba de que los activos se adquirieron en período prescrito; y establece una multa del 150% de la cuota resultante de la liquidación de la citada ganancia patrimonial asociada a bienes o derechos no declarados o declarados en modelo presentado fuera de plazo.

No obstante, a efectos prácticos, el conocimiento del Dictamen solo nos sirve para reforzar los argumentos para solicitar la rectificación de una autoliquidación presentada como consecuencia de la presentación fuera de plazo del modelo 720 (ver  DGT V1434-17) o los que tendremos que emplear si recurrimos una liquidación basada en esa normativa, ya que seguimos con la misma norma y no existe jurisprudencia interna o del TJUE en contra.

REAF.

Derechos y garantías de los empresarios y profesionales ante la entrada y registro de la inspección.

El articulo 113 de la Ley General Tributaria indica que; cuando en un procedimiento inspector resulte necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, la Administración tributaria deberá obtener su consentimiento o la correspondiente autorización judicial (LGT art.113 y 142.2RGGI art.172.2).

El acceso a y registro de los locales/sedes de empresarios y profesionales por parte de la inspección es un tema de recurrente actualidad y de crucial importancia sobre la validez probatoria de la información y documentación requisada. Por ello, conviene poner al día el catálogo de derechos y garantías que asiste a los afectados:

• En primer término, recordar que ostenta la condición de inviolable el domicilio constitucionalmente protegido – es decir, aquellas zonas y áreas de una empresa o despacho profesional donde exista privacidad y recogimiento, esto es, los espacios (oficinas, salas de reuniones y de juntas, despachos, etc.) a los que no tienen acceso los terceros (o sea, los que no son “de la casa”, para que se entienda) sin expreso permiso. Ello se traduce en que la inspección únicamente podrá acceder al mismo si el titular consiente explícitamente la entrada y registro o, en su defecto, si cuenta con la correspondiente autorización judicial.

• Los órganos de la Agencia Tributaria deberán motivar suficientemente su solicitud de obtención de autorización judicial para la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, por lo que no serán válidos motivos genéricos o estandarizados, sino que se deben de concretar y explicitar aquellos argumentos que pongan en evidencia indicios de la comisión de un ilícito tributario. Además, el juez valorará, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto, la necesidad (no basta la mera conveniencia) de la entrada y registro.

Si la entrada y registro se realiza sobre la base de una autorización judicial, los términos en que esté redactado el auto deberán de ser escrupulosamente respetados. En cuanto al contenido del auto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 7 de marzo de 2005, recurso 474/2004, establece que “el razonamiento mínimo del auto judicial, parcialmente reproducido en el artículo 558 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exige una mención a circunstancias tales como: la situación del domicilio, el momento y tiempo para llevar a cabo la entrada y registro, los efectos en cuya busca es encontrado el registro y delito con el que están relacionados, e identidad o identidades de las personas que resulten titulares u ocupantes del domicilio objeto de la diligencia, de resultar conocidos”.

• Contra el auto judicial cabe recurso de apelación ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales y, en última instancia, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

• En relación con la práctica de entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido del empresario o profesional, es importante señalar que debe estar presente el Secretario del Juzgado, como dispone el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

• La importancia de la inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido se traduce, entre otros, en el hecho de que la inspección debe informar al empresario o profesional de su derecho a oponerse a la entrada en esa zona de la empresa o despacho. El TC ha declarado la necesidad de que el consentimiento dado por el obligado tributario sea informado, es decir, de que quien lo preste haya sido convenientemente instruido del alcance y propósito de la entrada y registro domiciliarios, y con la advertencia expresa del derecho que le asiste a oponerse a dicha injerencia.

• En lo referente a aquellas zonas de la empresa o despacho profesional que no encajen dentro de lo que se considera como domicilio constitucionalmente protegido, o sea, a los espacios a los que sí pueden acceder terceros (el hall de entrada, tiendas, ciertos almacenes y fábricas, locales de hostelería, por ejemplo), la inspección podrá entrar siempre que cuente con el consentimiento del titular. A falta de éste, será necesaria una autorización del Delegado Especial de la Agencia Tributaria.

• Si se prestase voluntariamente el consentimiento, éste puede estar limitado en el tiempo y en el espacio físico – es decir, limitado a una determinada área o zona de la empresa o despacho -, y dicho consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, circunstancia en la cual la inspección debe de regresar a una zona de acceso libre y sin que pueda llevarse ninguna de las pruebas o documentación reclutadas hasta ese momento.Tanto la revocación del consentimiento prestado, como la negativa a prestar dicho consentimiento, deben de constar documentados en diligencia.

• Si, finalmente, tiene lugar la entrada y registro, ésta siempre deberá desarrollarse de la forma menos gravosa para el empresario o profesional, y la inspección deberá de reflejar en diligencia todas las circunstancias relacionadas con tal entrada y registro, así como las manifestaciones, comentarios o quejas del empresario o profesional.

• La inspección no podrá obtener (ni, por tanto, utilizar en el procedimiento en curso o en ulteriores) información de terceros ajenos al empresario o profesional objeto de la actuación de entrada y registro. Por lo tanto, en las entradas y registros en despachos de abogados, auditores o asesores fiscales, no podrán ser copiados los datos de tales terceros (proveedores, clientes, acreedores, etc.). En estos supuestos, si la inspección utilizase la documentación obtenida para iniciar procedimientos contra los terceros, habrá vulnerado “per saltum” el domicilio constitucionalmente protegido, con la consiguiente invalidación de las pruebas obtenidas.

En fin, recordemos que las copias de los archivos y registros informáticos deberán de ser guardadas en un sobre o caja precintados, deberá de poder verificarse la trazabilidad de su custodia, esto es, de su no manipulación, y únicamente podrán ser abiertos en presencia del obligado tributario (o de su representante).

Precio de referencia en el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por adquirir una vivienda mediante procedimiento de subasta judicial

Consulta DGT V1079-17, de 9 may.

Cuando un bien es subastado la base imponible del tributo es el valor de adquisición constituido por el precio de remate, sin tener en cuenta para disminuir este a las cargas en las que el comprador se subrogue.

Consulta Vinculante V1079-17, de 9 de mayo de 2017 de la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos.

Adquirir una vivienda mediante el procedimiento de subasta judicial, puede producir dudas sobre como tributa esta operación en el Impuesto de transmisiones Patrimoniales dado que el inmueble tiene un valor de tasación distinto del de mercado, un tipo de licitación y puede que unas cargas anteriores en las que al adquirente se le exija subrogarse automáticamente.

Para el cálculo de la base imponible del impuesto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas habrá que recurrir en primer lugar a la regla general que establece el artículo 10 del TRLITPyAJD, conforme a la cual ésta se constituye por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda y de la que sólo se permite deducir aquellas cargas que disminuya el valor real del bien y ninguna deuda sin excepción de las garantizadas con prenda o hipoteca.

El Reglamento del Impuesto añade normas específicas para el supuesto de que la transmisión del bien se produzca en virtud de subasta pública, por las que expresamente se determina que «En las transmisiones realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial o administrativa, servirá de base el valor de adquisición”.

En conclusión, la base imponible del tributo controvertido por un bien subastado será el valor de adquisición constituido por el precio de remate, sin tener en consideración el valor de las cargas en las que el interesado se subrogue.

Normativa aplicada: art. 10 (RDLeg 1/1993) y art. 37 apdo.1 y 39 (RD 828/1995) art. 10 (RDLeg 1/1993).

La Audiencia Nacional admite pruebas al contribuyente una vez acabado el proceso inspector por la irregularidad de notificación de la administracion.

AN 18072017

Tras el correspondiente procedimiento inspector, se notifica al contribuyente acuerdo de liquidación por el concepto IVA 2012 donde se deniega la devolución del impuesto. Justifica la Administración su actuación en que la falta de documentación solicitada ha impedido comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la devolución del IVA solicitada.

Al interponer el recurso de reposición, el contribuyente aporta la documentación requerida. No obstante, la Administración considera que en esa fase ya no es posible la entrega de una documentación que debió haber sido aportada en la fase de inspección.

El contribuyente interpone reclamación ante el TEAC, quien confirma la resolución dictada en reposición. Expedita la vía administrativa, recurre ante la AN solicitando la nulidad de la resolución administrativa impugnada.

El objeto de debate se centra en examinar si la Administración debe ordenar la retroacción de las actuaciones administrativas de comprobación cuando el interesado aporta por primera vez, en vía de recurso de reposición, la documentación requerida por el órgano inspector.

El Tribunal expone que en aplicación del principio de neutralidad impositiva puede admitirse la entrega de documentación en vía de recurso, pero matiza que en aras del principio de seguridad jurídica, solo en los casos en lo que exista indefensión.

Y esta indefensión se aprecia en el procedimiento inspector analizado. La Administración conocía la obligación de notificar a través del sistema de notificación electrónica y, sin embargo, utilizó, de forma aleatoria y alternativa, tanto el sistema de notificación electrónica como el sistema de notificación personal. Y esta forma de actuar ha impedido concretar con exactitud en qué momento el administrado es conocedor de su obligación de entregar la documentación.

En consecuencia, la Audiencia entiende que la Administración debió admitir en vía de reposición la documentación aportada por el interesado, estimando el recurso y acordando la retroacción de las actuaciones al procedimiento de inspección.​

Condenado un Abogado como cooperador necesario en un entramado defraudatorio.

Juzgado de lo Penal núm. 3 Santander, Sentencia 16 Octubre 2017. Recurso 241/2015

El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santander ha condenado a dos de los imputados -un empresario y un letrado- como autor y cooperador necesario respectivamente, responsables de la comisión de ocho y seis delitos contra la hacienda pública en concurso medial con un delito continuado de falsedad mercantil, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Igualmente ha condenado a otros nueve empresarios, pero en su caso únicamente como autores de un delito de falsificación mercantil con la concurrencia de la misma atenuante, al no haberse podido acreditar que su defraudación alcanzó los 120.000 euros que establece el art. 305 CP como límite para entender que existe delito y no infracción administrativa.

Según la fundamentación de la resolución, ha quedado acreditada la existencia de un entramado societario urdido para la ocultación de la actividad económica y profesional de los reales partícipes y beneficiarios de las rentas percibidas en operaciones inmobiliarias de compraventa de inmuebles, cesiones o adquisiciones de derechos de opción de compra, e intermediación inmobiliaria, mediante la utilización de sociedades instrumentales o ficticias.

Dichas sociedades “pantalla” eran creadas o bien reactivadas al efecto, careciendo en cualquiera de los casos de actividad mercantil alguna, infraestructura o patrimonio, y ello con la finalidad de servir de pantalla, simulando formalmente una actividad en la que no intervenían y atribuyéndoles una facturación, enmascarando a terceros, o empleando la razón social de empresas reales, como tapadera con el mismo fin de ocultación de la realidad y elusión de las obligaciones fiscales, al ser sociedades sin recursos económicos, capital social, bienes o activo alguno, haciendo inviables sus responsabilidades tributarias frente a la Hacienda Pública.

La identificación del verdadero obligado tributario era así muy difícil, emitiendo también las sociedades «fachada» facturas por operaciones inexistentes, tendentes a permitir la deducción de gastos, o cuotas de IVA soportado, minorando sus obligaciones fiscales. En dicha operativa resultaba precisa la figura del testaferro, que asume la formal administración y representación legal de las sociedades instrumentales de la trama, persona que era facilitada por el abogado acusado, pero que no ha sido enjuiciado en la causa al haber sufrido la enfermedad grave y degenerativa de Alzheimer.

Argumenta también el Juzgado que en el caso del principal empresario condenado por las operaciones efectuadas por su sociedad Plax & Llanera, es evidente el dolo defraudatorio, al haberse omitido las declaraciones correspondientes, o haber sido presentadas de forma fragmentaria, ocultando parte de sus resultados, pese al conocimiento de la obligación de tributar, que además intentaba evitar mediante sociedades interpuestas. En dichas operaciones contó con el asesoramiento del abogado acusado, que le auxiliaba en los aspectos técnico-jurídicos de las operaciones, pero que además dirigía su actuación impartiendo instrucciones a los demás participes, computando la opacidad de las transmisiones respecto a la Hacienda Pública, a través de sucesivos contratos redactados, controlando las cuentas bancarias de aquellas, sus fondos, así como el cobro y el reparto de los beneficios obtenidos. Ello le constituye en cooperador necesario de los delitos tributarios conforme al art. 28 b) CP.

Respecto de la falsedad, además de facturas que no responden a ninguna operación, la mayor parte se refieren a operaciones efectivas realizadas, pero por persona o entidad distinta, al ser emitidas por las sociedades instrumentales, lo que integra el delito de falsificación imputado del art. 392 CP en su modalidad de delito continuado.

En cuanto a la penalidad aplicable, se tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, atendidas las paralizaciones del proceso y el dilatado tiempo en dictar sentencia, que no es imputable a los acusados. Y, a pesar de que la Sala impone a ambos acusados la pena de prisión de doce meses por cada uno de los delitos fiscales cometidos, en virtud del art. 76 CP que fija el máximo de cumplimiento efectivo de la condena –que no puede exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave-, el cumplimiento efectivo en el caso será del triple de dicha pena, esto es, tres años.

Además, el Tribunal les impone la pena de multa por cantidades superiores al millón y medio de euros a cada uno, inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía –al letrado-, y la administración y gestión de sociedades –a ambos condenados-, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas, y beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social. También les impone la obligación de indemnizar

La culpabilidad en el proceso sancionador

Interesante Fallo del TEAC que aclara la culpabilidad en el proceso sancionador TEAC 20-7-17 EDD 2017-163249 Res. TEAC 267-2014 de 20 julio de 2017

La AEAT de Valencia inicia un procedimiento de comprobación en relación con la solicitud de devolución del IVA, ejercicio 2012. En la propuesta de liquidación provisional se minora el importe declarado por el obligado tributario en relación a las cuotas de IVA soportadas deducibles, incluidas las soportadas por importaciones de bienes corrientes.

En el trámite de alegaciones el contribuyente manifiesta que debido a un error informático se incluyeron derechos arancelarios dentro del importe relativo a las cuotas de IVA soportado por importación, prestando su conformidad con el importe fijado por la Administración.

Notificada la liquidación provisional, que solo difiere de la cuota solicitada por el contribuyente en el importe de los derechos arancelarios, se inicia procedimiento sancionador, en el que se señala la comisión de una infracción grave por solicitar indebidamente devoluciones tributarias.

Al no apreciarse ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad legalmente prevista, la Administración impone la sanción propuesta, por entender que siendo el obligado tributario una gran empresa le es exigible un mayor grado de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la sanción es procedente incluso en caso de negligencia.
Elevada la cuestión ante el TEAC por el contribuye, recuerda que es jurisprudencia reiterada del TS que la carga de la prueba de la culpabilidad corresponde a la Administración y que al amparo constitucional no se puede definir la actuación del infractor como dolosa o culposa atendiendo exclusivamente a circunstancias subjetivas, como el hecho de que el recurrente sea una gran empresa (Const art.25).

Igualmente recuerda que no es posible declarar la existencia de culpabilidad por exclusión, y que no incide sobre el elemento culpabilidad la falta de regularización voluntaria o el hecho de que se haya iniciado un procedimiento administrativo para detectar el error (Const art.24).

Es por todo ello que estima las alegaciones presentadas por la entidad recurrente anulando el acuerdo de imposición de sanción.