NOTIFICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL.

CAOS. ADMINISTRATIVO

La Agencia Tributaria de Andalucía utiliza para sus notificaciones el “PORTAL 060”, siendo dicho sistema de notificación obligatorio para determinados sujetos pasivos.

La Agencia Tributaria de Andalucía, en aplicación de art. 14 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, comenzó, antes de verano, a notificar electrónicamente a los colectivos indicados en dicho artículo:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria…//…

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.


El acceso a tales notificaciones, ya sean de la Agencia Tributaria de Andalucía o de cualquier otra administración con la que el contribuyente tenga que relacionarse (Ayuntamientos, Diputaciones o agencias tributarias de otras Comunidades que utilicen este medio) se realiza a través del portal 060 con el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Este buzón es diferente al que utiliza para las comunicaciones con la Administración Tributaria Estatal, aunque sus notificaciones puedan igualmente recibirse por ese buzón 060.

Por ello, entendemos que es importante, advertir a los que resulten obligados, de la necesidad de activar dicho sistema de notificaciones, a fin de evitar preclusión de plazos o recargos por apremio.

Asimismo os recordamos que, conforme al artículo 43.2 de la Ley 39/2015, “cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido”.

El rechazo de la notificación del acto de que se trate, implica que el procedimiento puede seguir, tal como si se le hubiese notificado expresamente al interesado.

Esperando que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo.

 

Si bien entendemos que todas las Administraciones deberían notificar a través de la DEH y, si lo desean, también en su Sede Electrónica, el hecho es que algunas administraciones autonómicas y locales no lo interpretan así y lo están haciendo solo a través de su Sede Electrónica. En estos casos, no bastará con acceder al 060 y habrá que estar atentos a los otros puntos de notificación.

Una vez se apruebe el Reglamento de desarrollo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, si se hace en los términos en que estaba redactado el proyecto de Real Decreto sometido a información pública, ya no tendremos este problema.

 

Informacion del Colegio de Economistas y REAF

Los asesores fiscales denuncian que la AEAT sea «juez y parte» en el proceso penal por delito fiscal

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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado que la Agencia Tributaria sea «juez y parte» en el proceso penal por delito fiscal y ha alertado del aumento de querellas por este tipo de delito debido al «afán recaudatorio» del organismo tributario.

Así se ha puesto de manifiesto durante una jornada dedicada al delito fiscal, organizada por la Aedaf en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha reunido a magistrados, catedráticos y expertos tributarios.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha inaugurado la jornada, junto al vocal del CGPJ, Gerardo Martínez, y el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany.

Alemany ha hecho referencia en su intervención a «un aumento de querellas por delito fiscal para responder al afán recaudatorio de la AEAT», y ha apuntado que estas querellas «muchas veces se resuelven con acuerdos, que es una vía mucho más cómoda y rápida para recaudar».

Además, Alemany ha advertido de que «los jueces se ven desbordados por este aluvión de querellas y, en algunos casos, y dada su falta de especialización en temas tributarios, tienden a descansar en las conclusiones de la Agencia». Incluso, ha añadido, en ocasiones se ha admitido como perito judicial al inspector de Hacienda que instruyó el procedimiento.

Por ello, como solución los asesores fiscales abogan por establecer una jurisdicción especializada en materia fiscal que acoja también la revisión de los delitos fiscales. En la jornada también se han abordado aspectos como la responsabilidad penal de los asesores fiscales, la concurrencia de delito fiscal, corrupción y blanqueo de capitales o el papel de la Administración tributaria en los procesos por delitos contra la Hacienda Pública.

fuente: CISS

Incidencia de los gastos de urbanización en el IIVTNU.

Se centra la cuestión litigiosa en determinar si, para acreditar la inexistencia de incremento de valor, pueden tomarse en consideración los gastos de urbanización soportados por el sujeto pasivo durante el período de permanencia del inmueble en su patrimonio, llegando el Tribunal a una conclusión negativa.

Entiende el TS que los gastos de urbanización asumidos por el sujeto pasivo del IIVTNU con posterioridad a su adquisición, como consecuencia de su participación y cumplimiento de los deberes que le corresponden en el desarrollo del proceso urbanizador de un terreno, no constituyen el precio de adquisición de los terrenos.

Considera que son costes que, al menos en el caso sometido al litigio, se producen en un momento posterior al de la adquisición y, por consiguiente, con posterioridad al momento inicial que determina el inicio del período de generación del incremento de valor gravado por el Impuesto, que grava la capacidad económica puesta de manifiesto entre dos momentos temporales, el de adquisición y el de enajenación, computados por años y con un máximo de 20.

Puesto que lo que está en cuestión es la riqueza potencial  entre dos momentos temporales (adquisición y transmisión), y no la valoración contable actualizadadel bien de naturaleza urbana integrado en el balance de la entidad recurrente, carece de transcendencia la argumentación de la actora, invocando su propia contabilidad, el Código de Comercio, así como las normas de contabilidad.

Ahora bien, estos gastos de urbanización pueden determinar un mayor valor del bien puesto de manifiesto en el momento de la enajenación. En el sistema de determinación de la base imponible del Impuesto (LHL art.107.1), el valor catastral que determina el cálculo de la base imponible es el fijado en el momento de la enajenación, que incorpora las distintas inversiones y mejoras producidas sobre el suelo enajenado desde el momento de adquisición.

En base a lo anterior el TS fija la siguiente doctrina: para calcular la existencia de un incremento o de una disminución del valor de los terrenos en el IIVTNU, los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del terreno cuya posterior enajenación determina el hecho imponible, no deben considerarse como mayor precio de adquisición puesto que se integran en el valor de los terrenos, como elemento del incremento de valor que se refleja en el precio de transmisión.

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

En primer lugar, se modifica la ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos para, entre otras medidas, extender los plazos de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda, de 3 a 5 años, y a 7 si el arrendador es persona jurídica. También se amplía el tiempo de prórroga si, cumplidos los 5 o 7 años, no existe comunicación de las partes de no renovarlo, pasando de 1 a 3 años. Asimismo, se limita la garantía adicional -aparte de la fianza en metálico de 1 mes- que se puede exigir a solo otras 2 mensualidades -hasta ahora no tenía límite-, salvo que se trate de contratos de larga duración.

En segundo lugar, se modifica la ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal con medidas como el incremento del importe del Fondo de Reserva de las comunidades de propietarios, estableciendo la posibilidad de que esos recursos se destinen a la realización de obras obligatorias de accesibilidad, y extendiendo también la obligación de realizar tales obras cuando las ayudas públicas para ello, a las que pueda acceder la comunidad, alcancen el 75% de las mismas.

En tercer lugar, se modifica la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil introduciendo cambios en el procedimiento de desahucio cuando afecte a hogares vulnerables.

Por último, las medidas fiscales son las siguientes:

En el IBI: se exceptúa la obligación de que los entes públicos repercutan este impuesto cuando arrienden vivienda con renta limitada; respecto de las viviendas desocupadas, se prevé que dicho concepto se delimite por normativa estatal o autonómica, posibilitando que los Ayuntamientos puedan aplicar el correspondiente recargo o recargos en función del período de desocupación del inmueble; y se crea una bonificación potestativa para viviendas alquiladas con renta limitada de hasta un 95%.
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITPyAJD, se deja exento el arrendamiento de inmuebles para uso estable y permanente, operaciones de las que es sujeto pasivo el arrendatario.
La entrada en vigor de estas medidas fiscales se producirá el 19 de diciembre, y las modificaciones en las normas que rigen los contratos de arrendamiento afectarán solo a los firmados a partir de esa fecha.

El dictamen de la Unión Europea enmienda la plana a la legislación Fiscal Española.

Hemos conocido el Dictamen motivado de la Comisión Europea dirigido al Reino de España sobre la obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero, modelo 720 fechado el 15 de febrero de 2017.

En el mismo, la Comisión invita al Reino de España a que “adopte las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen motivado en el plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo”.

Considera la Comisión que la normativa española sobre esta declaración informativa infringe varios principios del Tratado de Funcionamiento de la UE como la libre circulación de personas y de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales al establecer un régimen de declaración fiscal discriminatorio y desproporcionado por lo siguiente: impone multas pecuniarias fijas desproporcionadas por incumplir la obligación formal; hace tributar como ganancias no justificadas de patrimonio la falta de declaración o la presentación fuera de plazo de este modelo y, además, niega la prueba de que los activos se adquirieron en período prescrito; y establece una multa del 150% de la cuota resultante de la liquidación de la citada ganancia patrimonial asociada a bienes o derechos no declarados o declarados en modelo presentado fuera de plazo.

No obstante, a efectos prácticos, el conocimiento del Dictamen solo nos sirve para reforzar los argumentos para solicitar la rectificación de una autoliquidación presentada como consecuencia de la presentación fuera de plazo del modelo 720 (ver  DGT V1434-17) o los que tendremos que emplear si recurrimos una liquidación basada en esa normativa, ya que seguimos con la misma norma y no existe jurisprudencia interna o del TJUE en contra.

REAF.

Los asesores fiscales, contables y abogados deberán informar de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresivos.

Los Estados miembros disponen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para incorporar la Directiva sobre intermediarios fiscales a su ordenamiento jurídico nacional, pudiendo imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan las medidas de transparencia

Elusión del impuesto sobre sociedades: se logra un acuerdo sobre intermediarios fiscales.

Proyecto de Directiva sobre intermediarios fiscales de marzo de 2018

El 13 de marzo de 2018, el Consejo ha logrado un acuerdo sobre una propuesta destinada a impulsar la transparencia para hacer frente a la planificación fiscal agresiva de dimensión transfronteriza.

El proyecto de Directiva es la más reciente de una serie de medidas concebidas para evitar la elusión del impuesto de sociedades.

Obligará a los intermediarios como los asesores fiscales, contables y abogados que diseñan o promueven mecanismos de planificación fiscal a informar de los mecanismos que se consideren potencialmente agresivos.

Se exigirá a los Estados miembros que intercambien automáticamente la información que reciben a través de una base de datos centralizada. Esto posibilitará que se detecten antes los nuevos riesgos de elusión fiscal y que se tomen medidas para bloquear los mecanismos perniciosos.

Los Estados miembros estarán obligados a imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan las medidas de transparencia.

«El aumento de la transparencia resulta fundamental para nuestra estrategia de lucha contra la elusión y la evasión fiscales», ha declarado Vladislav Goranov, ministro de Hacienda de Bulgaria, que en la actualidad ejerce la Presidencia del Consejo. «Si las autoridades reciben información sobre mecanismos de planificación fiscal agresiva antes de su ejecución, podrán colmar las lagunas antes de que se pierdan ingresos».

A los Estados miembros les resulta cada vez más difícil proteger sus bases imponibles de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal transfronteriza han adquirido una mayor complejidad. El proyecto de Directiva está destinado a evitar la planificación fiscal agresiva posibilitando un mejor control de las actividades de los intermediarios fiscales.

El proyecto de Directiva establece «señas distintivas» para identificar los tipos de mecanismos que deberán comunicarse a las autoridades fiscales. La obligación de informar de un mecanismo no significa que este sea pernicioso, tan solo que puede ser de interés para que las autoridades fiscales lo analicen con más detenimiento. Aunque muchos mecanismos tienen finalidades totalmente legítimas, el objetivo de la Directiva es detectar aquellos que no las tengan.

La propuesta refleja a grandes rasgos la acción 12 del plan de acción de la OCDE de 2013 para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Siguientes etapas

Se ha llegado a un acuerdo en una sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, por lo que el Consejo adoptará la Directiva sin más debate una vez que el texto haya sido ultimado en todas las lenguas oficiales.

Los Estados miembros disponen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.

Los nuevos requisitos de comunicación se aplicarán a partir del 1 de julio de 2020. Los Estados miembros estarán obligados a intercambiar información cada tres meses, en el plazo de un mes a contar desde el final del trimestre en que esta se haya presentado. Por tanto, el primer intercambio automático de información se completará a más tardar el 31 de octubre de 2020.

La Directiva requiere unanimidad en el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo. El Parlamento aprobó su dictamen el 1 de marzo de 2018. (Base jurídica: artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

Fuente: Consejo de la Unión Europea

Fechas: 13-3-2018

Derechos y garantías de los empresarios y profesionales ante la entrada y registro de la inspección.

El articulo 113 de la Ley General Tributaria indica que; cuando en un procedimiento inspector resulte necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, la Administración tributaria deberá obtener su consentimiento o la correspondiente autorización judicial (LGT art.113 y 142.2RGGI art.172.2).

El acceso a y registro de los locales/sedes de empresarios y profesionales por parte de la inspección es un tema de recurrente actualidad y de crucial importancia sobre la validez probatoria de la información y documentación requisada. Por ello, conviene poner al día el catálogo de derechos y garantías que asiste a los afectados:

• En primer término, recordar que ostenta la condición de inviolable el domicilio constitucionalmente protegido – es decir, aquellas zonas y áreas de una empresa o despacho profesional donde exista privacidad y recogimiento, esto es, los espacios (oficinas, salas de reuniones y de juntas, despachos, etc.) a los que no tienen acceso los terceros (o sea, los que no son “de la casa”, para que se entienda) sin expreso permiso. Ello se traduce en que la inspección únicamente podrá acceder al mismo si el titular consiente explícitamente la entrada y registro o, en su defecto, si cuenta con la correspondiente autorización judicial.

• Los órganos de la Agencia Tributaria deberán motivar suficientemente su solicitud de obtención de autorización judicial para la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, por lo que no serán válidos motivos genéricos o estandarizados, sino que se deben de concretar y explicitar aquellos argumentos que pongan en evidencia indicios de la comisión de un ilícito tributario. Además, el juez valorará, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto, la necesidad (no basta la mera conveniencia) de la entrada y registro.

Si la entrada y registro se realiza sobre la base de una autorización judicial, los términos en que esté redactado el auto deberán de ser escrupulosamente respetados. En cuanto al contenido del auto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 7 de marzo de 2005, recurso 474/2004, establece que “el razonamiento mínimo del auto judicial, parcialmente reproducido en el artículo 558 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exige una mención a circunstancias tales como: la situación del domicilio, el momento y tiempo para llevar a cabo la entrada y registro, los efectos en cuya busca es encontrado el registro y delito con el que están relacionados, e identidad o identidades de las personas que resulten titulares u ocupantes del domicilio objeto de la diligencia, de resultar conocidos”.

• Contra el auto judicial cabe recurso de apelación ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales y, en última instancia, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

• En relación con la práctica de entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido del empresario o profesional, es importante señalar que debe estar presente el Secretario del Juzgado, como dispone el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

• La importancia de la inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido se traduce, entre otros, en el hecho de que la inspección debe informar al empresario o profesional de su derecho a oponerse a la entrada en esa zona de la empresa o despacho. El TC ha declarado la necesidad de que el consentimiento dado por el obligado tributario sea informado, es decir, de que quien lo preste haya sido convenientemente instruido del alcance y propósito de la entrada y registro domiciliarios, y con la advertencia expresa del derecho que le asiste a oponerse a dicha injerencia.

• En lo referente a aquellas zonas de la empresa o despacho profesional que no encajen dentro de lo que se considera como domicilio constitucionalmente protegido, o sea, a los espacios a los que sí pueden acceder terceros (el hall de entrada, tiendas, ciertos almacenes y fábricas, locales de hostelería, por ejemplo), la inspección podrá entrar siempre que cuente con el consentimiento del titular. A falta de éste, será necesaria una autorización del Delegado Especial de la Agencia Tributaria.

• Si se prestase voluntariamente el consentimiento, éste puede estar limitado en el tiempo y en el espacio físico – es decir, limitado a una determinada área o zona de la empresa o despacho -, y dicho consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, circunstancia en la cual la inspección debe de regresar a una zona de acceso libre y sin que pueda llevarse ninguna de las pruebas o documentación reclutadas hasta ese momento.Tanto la revocación del consentimiento prestado, como la negativa a prestar dicho consentimiento, deben de constar documentados en diligencia.

• Si, finalmente, tiene lugar la entrada y registro, ésta siempre deberá desarrollarse de la forma menos gravosa para el empresario o profesional, y la inspección deberá de reflejar en diligencia todas las circunstancias relacionadas con tal entrada y registro, así como las manifestaciones, comentarios o quejas del empresario o profesional.

• La inspección no podrá obtener (ni, por tanto, utilizar en el procedimiento en curso o en ulteriores) información de terceros ajenos al empresario o profesional objeto de la actuación de entrada y registro. Por lo tanto, en las entradas y registros en despachos de abogados, auditores o asesores fiscales, no podrán ser copiados los datos de tales terceros (proveedores, clientes, acreedores, etc.). En estos supuestos, si la inspección utilizase la documentación obtenida para iniciar procedimientos contra los terceros, habrá vulnerado “per saltum” el domicilio constitucionalmente protegido, con la consiguiente invalidación de las pruebas obtenidas.

En fin, recordemos que las copias de los archivos y registros informáticos deberán de ser guardadas en un sobre o caja precintados, deberá de poder verificarse la trazabilidad de su custodia, esto es, de su no manipulación, y únicamente podrán ser abiertos en presencia del obligado tributario (o de su representante).

Precio de referencia en el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por adquirir una vivienda mediante procedimiento de subasta judicial

Consulta DGT V1079-17, de 9 may.

Cuando un bien es subastado la base imponible del tributo es el valor de adquisición constituido por el precio de remate, sin tener en cuenta para disminuir este a las cargas en las que el comprador se subrogue.

Consulta Vinculante V1079-17, de 9 de mayo de 2017 de la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos.

Adquirir una vivienda mediante el procedimiento de subasta judicial, puede producir dudas sobre como tributa esta operación en el Impuesto de transmisiones Patrimoniales dado que el inmueble tiene un valor de tasación distinto del de mercado, un tipo de licitación y puede que unas cargas anteriores en las que al adquirente se le exija subrogarse automáticamente.

Para el cálculo de la base imponible del impuesto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas habrá que recurrir en primer lugar a la regla general que establece el artículo 10 del TRLITPyAJD, conforme a la cual ésta se constituye por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda y de la que sólo se permite deducir aquellas cargas que disminuya el valor real del bien y ninguna deuda sin excepción de las garantizadas con prenda o hipoteca.

El Reglamento del Impuesto añade normas específicas para el supuesto de que la transmisión del bien se produzca en virtud de subasta pública, por las que expresamente se determina que «En las transmisiones realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial o administrativa, servirá de base el valor de adquisición”.

En conclusión, la base imponible del tributo controvertido por un bien subastado será el valor de adquisición constituido por el precio de remate, sin tener en consideración el valor de las cargas en las que el interesado se subrogue.

Normativa aplicada: art. 10 (RDLeg 1/1993) y art. 37 apdo.1 y 39 (RD 828/1995) art. 10 (RDLeg 1/1993).

La Audiencia Nacional admite pruebas al contribuyente una vez acabado el proceso inspector por la irregularidad de notificación de la administracion.

AN 18072017

Tras el correspondiente procedimiento inspector, se notifica al contribuyente acuerdo de liquidación por el concepto IVA 2012 donde se deniega la devolución del impuesto. Justifica la Administración su actuación en que la falta de documentación solicitada ha impedido comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la devolución del IVA solicitada.

Al interponer el recurso de reposición, el contribuyente aporta la documentación requerida. No obstante, la Administración considera que en esa fase ya no es posible la entrega de una documentación que debió haber sido aportada en la fase de inspección.

El contribuyente interpone reclamación ante el TEAC, quien confirma la resolución dictada en reposición. Expedita la vía administrativa, recurre ante la AN solicitando la nulidad de la resolución administrativa impugnada.

El objeto de debate se centra en examinar si la Administración debe ordenar la retroacción de las actuaciones administrativas de comprobación cuando el interesado aporta por primera vez, en vía de recurso de reposición, la documentación requerida por el órgano inspector.

El Tribunal expone que en aplicación del principio de neutralidad impositiva puede admitirse la entrega de documentación en vía de recurso, pero matiza que en aras del principio de seguridad jurídica, solo en los casos en lo que exista indefensión.

Y esta indefensión se aprecia en el procedimiento inspector analizado. La Administración conocía la obligación de notificar a través del sistema de notificación electrónica y, sin embargo, utilizó, de forma aleatoria y alternativa, tanto el sistema de notificación electrónica como el sistema de notificación personal. Y esta forma de actuar ha impedido concretar con exactitud en qué momento el administrado es conocedor de su obligación de entregar la documentación.

En consecuencia, la Audiencia entiende que la Administración debió admitir en vía de reposición la documentación aportada por el interesado, estimando el recurso y acordando la retroacción de las actuaciones al procedimiento de inspección.​

Presentación de ASEGRA en el II Foro Granada Motril

El Ayuntamiento de Granada y el Ayuntamiento de Motril, contando con la colaboración del Puerto de Motril y las asociaciones empresariales de la costa y la provincia, organizan el II Foro Granada-Motril, el 21 de noviembre en el salón de actos del edificio Azul del Puerto de Motril

PROGRAMA

10:30h: Recepción café Edificio Azul (Puerto de Motril)
11:00h: Ponencias (10′ por presentación)

UNIVERSIDAD GRANADA

· TÍTULO: INCIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN LA COLABORACIÓN GRANADA-MOTRIL
· PONENTE: D. JESÚS BANQUERI, Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Granada

TURISMO Y CULTURA

· TÍTULO: SUMA DE RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES
· PONENTES: Dª. EVA GARDE, Directora de Marketing Granada Convention Bureau / Dª. Mª EUGENIA RUFINO, Alcaldesa del Excmo. De Salobreña

INDUSTRIA Y SECTOR AGROINDUSTRIAL

· TÍTULO: LA INDUSTRIA GRANADINA
· PONENTES: MAEVA/ASEGRA / D. JESUS GARCÍA, EUROCASTELL, SAT / EMILIO PALOMAR Presidente de la Asoc. de empresarios del Poligono Asegra

ECONOMÍA

· TÍTULO: EJE GRANADA-MOTRIL, ALIANZA DE DESARROLLO
· PONENTE: D. ANTONIO JARA ANDREU, Presidente de CAJAGRANADA Fundación

INFRAESTRUCTURAS

· TÍTULO: ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN DEL CORREDOR FERROVIARIO EN LA PROVINCIA DE GRANADA
· PONENTE: D. JOSE ANTONIO SEBASTIÁN RUIZ, Director de Seguridad en la Circulación en TRANSITIA RAIL

INSTITUCIONES

· TÍTULO: VISIÓN INSTITUCIONAL DEL EJE GRANDA-MOTRIL
· PONENTES: D. FRANCISCO FUENTES JÓDAR, Subdelegado del Gobierno en Granada
Dª SANDRA GARCÍA MARTÍN, Delegada del Gobierno Junta de Andalucía en Granada
D. JOSÉ ENTRENA ÁVILA, Presidente de la Excma. Diputación de Granada
12:30h: Debate – MODERA: D. PEDRO FEIXAS, periodista
13:30h: Conclusiones
· Dª. FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril
· D. FRANCISCO CUENCA RODRIGUEZ, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Granada

Granada y Motril han dado un paso más para estrechar lazos como “eje estratégico” de desarrollo económico y turístico con la celebración de un segundo foro entre ambas ciudades. En él se han abordado temáticas como la realización de un estudio de conexión ferroviaria entre el puerto y la capital, con la inclusión de la costa en el Corredor Mediterráneo, además del impuso de planes de promoción conjunta. Instituciones, agentes económicos y sociales han aprovechado este II ‘Foro Granada-Motril’ para fijar objetivos que abarcan multitud de campos.

El foro ha contado con la asistencia de los alcaldes de Motril y Granada, Flor Almón y Francisco Cuenca; el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, el vicepresidente de la Diputación, Pedro Fernández, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica.

1.- El compromiso por llevar a cabo una colaboración en la creación de espacio logístico para la localización de empresas entre PTS, area Metropolitana (POLIGONO INDUSTRIAL DE ASEGRA) y espacio industrial del puerto. 
2.- La presentación de planes de promoción turística conjunta Granada-Costa con especial atención al turismo de cruceros y de congresos. Se buscará favorer el acceso a monumentos de Granada y su provincia.
3.- La creación de una asociación de empresas de alimentación funcional; mediante un Cluster de empresas propuesto por el alcalde.
4.- Se incorporará Granada a ‘Motrilport’. Se producirá en próximas fechas e integrará al Ayuntamiento de Granada junto con los de Motril, Salobreña, Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical y empresas e instituciones en acciones de promoción y desarrollo.
5.- UGR instalará el Aula del Mar de la Universidad de Granada en la Costa de Granada, con una sede permanente en el Puerto de Motril para favorecer la divulgación e investigación integrada en la Fundacion CEIMAR.
6.- Hermanamiento cultural, integración y colaboración en los festivales coordinando oferta y compartiendo actuaciones en los festivales de Música y Danza, del Tango, Rock y Músicas del Sur.
7.- Se realizará un estudio por parte de la Universidad para la detención de potencialidades del Eje Granada-Motril.
8.- Se difundirán programas turísticos conjuntos que se basen en el patrimonio industrial: Fábrica del Pilar, Fábrica San Isidro,  Red de Humedales.
9.- Realización de un estudio de conexión ferroviaria entre el Puerto de Motril con la ciudad de Granada.