Los administradores vuelven a responder con todo su patrimonio.

patrimonio-580x355

El pasado 12 de diciembre de 2008, ante la situación de desequilibrio generalizado que tenían algunas sociedades inmobiliarias el gobierno aprobó El Real Decreto-Ley 10/2008, introdujo un régimen extraordinario, y temporalmente limitado, de excepción a las obligaciones en un máximo de dos meses desde que el administrador conozca de la quiebra de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas graves. Este régimen se ha prorrogado cada año desde entonces, pero el Ejecutivo ha decidido no mantenerlo en 2015.

Por lo tanto los administradores que no adopten medidas inmediatas ante un deterioro de las cuentas de la empresa deberán responder con su patrimonio. Cumpliendo la normativa mercantil vigente, es por ello fundamenta que los administradores conozcan su obligación de  convocar la junta general en el plazo de dos meses desde el afloramiento de la causa de disolución y la de solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social de la junta fuera contrario a la disolución o no pudiera ser logrado, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se hubiera constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

En el decreto hoy derogado, permitía a  las sociedades que, por haber sufrido pérdidas por deterioro derivadas del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias o de las existencias, tuvieran un patrimonio neto inferior a los dos tercios del capital social (en el caso de las sociedades anónimas) o inferior a la mitad del capital social (tanto en anónimas como limitadas), no quedarían sujetas a la obligación legal de reducción de capital si el patrimonio no se recuperaba en un ejercicio económico, en el primer caso, ni se encontrarían en causa de disolución por pérdidas, en el segundo, sin perjuicio de la obligación de reflejar estas pérdidas en las cuentas anuales.

La reforma del Código Penal y su repercusión en la empresa.

Con la publicación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se procede a la completa revisión y actualización del Código Penal destacando, entre otras, las siguientes cuestiones en el ámbito empresarial o mercantil.

La reforma del Código Penal llevada a cabo pro la Ley Orgánica 1/2015  supone crear, dentro del capitulo XI del Título XIII del libro II del Código Penal, una nueva sección referida a los delitos de corrupción en los negocios, en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas ya se trate de corrupción en el sector privado o de la corrupción de un agente público extranjero.

Se efectúa una revisión de la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio. En estos casos y debido al grave problema generado por la sustracción de cable de cobre de las redes de servicio público e interés general, se ha incorporado una agravación cuando los delitos de hurto o robo afecten a conducciones de suministro eléctrico o de telecomunicaciones o infraestructuras de hidrocarburos.

En el ámbito de la administración desleal, ésta deja de ser un delito societario para pasar a configurarse como un delito patrimonial que puede tener por sujeto pasivo a cualquier persona, no sólo a las sociedades.

Se procede a una revisión de los delitos de insolvencia punible; entre ellos los delitos que impiden la ejecución de las deudas. Aparecen dos nuevas figuras delictivas para tutelar penalmente el crédito: en primer lugar se tipifica la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución; y de otra, la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad judicial.

Se regula un nuevo delito de concurso punible o bancarrota que se configura como un delito de peligro, si bien vinculado a la situación de crisis y perseguible únicamente cuando se declare efectivamente el concurso o se produce un sobreseimiento de pagos. Se delimitan, con el fin de garantizar un grado de seguridad y certeza ajustado al principio de legalidad, las conductas prohibidas por medio de las cuales se puede cometer el delito. Para ello se tipifican un conjunto de acciones contrarias al deber de diligencia de la gestión de asuntos económicos mediante los cuales se reduce indebidamente el patrimonio que es garantía del cumplimiento de las obligaciones, o se dificulta o
imposibilita el conocimiento por el acreedor de la verdadera situación económica del deudor.

También se amplía la protección de los acreedores mediante la tipificación de acciones no justificadas de favorecimiento a acreedores determinados llevadas a cabo, antes de la declaración de concurso, pero cuando el deudor se encontraba ya en una situación de insolvencia inminente.

Se crea dentro del Código Penal una nueva sección referida a los delitos de corrupción en los negocios, en los que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas. Estos delitos tienen por objeto garantizar la aplicación del Código Penal en los casos en los que, mediante el pago de sobornos, se consigue beneficio propio o de tercero y se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas. En este último caso se impondrá la pena de prohibición de contratar con el Sector Público y de recibir subvenciones o ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales, o de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública.

Fuente : Andimac.

El Gobierno aprueba el decreto ley de “segunda oportunidad” para particulares y amplía la protección de los deudores hipotecarios.

27 de Febrero de 2015.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y otras Medidas de Orden Social que persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis. Se establece así una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a las personas físicas. Además, se amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a quienes se les excluye de las cláusulas suelo de las hipotecas y se prorroga dos años más la suspensión de los desahucios que vencía el próximo mes de mayo. El objetivo de la segunda oportunidad es conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitirán afrontar el pago de las deudas de forma ordenada. El Gobierno ya había tomado medidas para reducir el sobreendeudamiento de las empresas y facilitar la supervivencia de aquellas que eran viables. Con este Real Decreto-Ley se refuerzan estas medidas y se extienden para incluir a los particulares y para dar mayores facilidades a las empresas de más reducida dimensión. Se desarrolla así un marco permanente de

insolvencia personal, en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales y la Unión Europea. La norma aprobada hoy amplía y flexibiliza los Acuerdos Extrajudiciales de Pagos para mejorar su eficacia y facilitar la reestructuración de deudas de forma ágil y sencilla. Los particulares también podrán acceder a estos acuerdos, además de los empresarios y empresas. Se convierte así en un instrumento más eficaz y se logra un marco de reestructuración de deudas más homogéneo y coherente. También se permite que los acuerdos alcanzados se extiendan a los acreedores con garantía real cuando concurran las mayorías previstas. A su vez, se refuerza y flexibiliza la figura del mediador, cuya labor consiste en impulsar la negociación para facilitar acuerdos de reestructuración de deudas entre las partes. El mediador concursal será designado por un notario o registrador. En el caso de las empresas, las funciones de mediación podrán ser realizadas por las Cámaras Oficiales de Comercio mientras que el notario podrá tener este cometido para las personas físicas. Se establecen reglas de procedimiento especialmente simplificadas para particulares en cuestiones relativas a plazos de designación y convocatoria de acreedores, y se reducen significativamente los aranceles notariales y registrales. Finalmente, durante el plazo de negociaciones se suspenderán las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual. Para deudores personas físicas se establece un nuevo sistema de exoneración de deudas más flexible y eficaz que se aplicará tras la conclusión de un concurso por liquidación o por insuficiencia de masa que constaría de los siguientes pasos. Se mantiene la posibilidad actual de exoneración de deudas al concluir la liquidación siempre que se paguen los créditos privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25% de los créditos ordinarios como se prevé en la actualidad Alternativamente y como novedad, cuando no se hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que el deudor acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes para el abono de las deudas no exoneradas (contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general), el deudor podrá quedar exonerado del resto de sus créditos,

excepto los públicos y por alimentos. Para la liberación definitiva de las deudas, el deudor deberá hacer frente en ese período a las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para su satisfacción. En caso de acreedores con garantía real, la parte que podrá exonerarse será aquella que no hubiera quedado cubierta en la ejecución de la garantía. La exoneración de deudas podrá revocarse en el citado plazo de cinco años a solicitud de los acreedores cuando se acredite que se han ocultado ingresos o bienes o el deudor consiguiera una sustancial mejora de su situación. Asimismo, se declaran exentas de IRPF las rentas que pudieran ponerse de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio, en un acuerdo extrajudicial de pagos o como consecuencia de la exoneración de deudas. El tercer bloque de medidas hace referencia al Código de Buenas Prácticas (CBP) para deudores hipotecarios que será accesible a un conjunto más amplio de beneficiarios. En concreto, se flexibilizan los criterios que dan acceso al CBP para lo cual se incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. Se amplían también los supuestos de especial vulnerabilidad, para incluir a los mayores de 60 años. Igualmente se eleva el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del CBP. Este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros (250.000 euros para la dación en pago), antes 250.000 euros. Finalmente se amplían las medidas a las que pueden acogerse los beneficiarios del CBP. Concretamente, se establece la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo, cuando las hubiere, para aquellos deudores situados en el nuevo umbral del Código de Buenas Prácticas. Por último, se extiende hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, que se amplían en términos similares a los previstos para el Código de Buenas Prácticas.

Descargar el texto integro aquí.

 

La ‘segunda oportunidad’ de los autónomos será regulada en la nueva Ley Concursal

Fuentes del «Confidencial» indicaron el pasado 27/11/2014 que el Ministerio de Economía ultima los cambios en el real decreto de medidas urgentes en materia concursal para por fin asegurar una verdadera «Segunda oportunidad» a los autónomos, desde este blog se han realizado varios artículos al respeto, indicando la necesidad de «rescatar» de la muerte civil y mercantil a los empresarios que por culpa de los avales financieros se ven abocados a trabajar en la «clandestinidad».

Estamos impacientes en conocer los detalles de la nueva «segunda oportunidad».

Ver el articulo completo en el confidencial.

 

 

 

 

 

El Empresario, el Gran olvidado de la Ley Concursal.

Avalista

Acabamos de asistir a la última modificación de la ley concursal, denominada rimbombantemente  “Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial y reforma concursal”, no pretendo hacer un análisis técnico de las modificaciones que dicho Real Decreto introduce, para ello ya hay grandes juristas abonados a la prensa especializada, sin embargo no deja de sorprender que la LEY CONCURSAL sigue olvidándose de la figura del empresario, como siempre, parece que nuestro legislador imagina el país de las maravillas para redactar sus códigos, y es que nuestra normativa concursal difícilmente encaja en la tipología empresarial española, como sabemos el empleo lo genera el autónomo y la micropyme, modelos empresariales que en la mayoría de los casos están obligados a prestar el AVAL del administrador o propietario para acceder al crédito financiero, cuando por cualquier tipo de circunstancia, la empresa se ve abocada a la insolvencia y desaparición, nuestra normativa no tiene previsto paralizar la derivación de deuda que automáticamente realizarán las entidades financieras a los avalistas, cuando el deudor principal resulte fallido.

En los países de influencia anglosajona existe de una u otra manera un mecanismo conocido como “segunda oportunidad”, por el cual aquel empresario al que las deudas derivadas de su actividad profesional o empresarial afecten a su patrimonio personal responderá hasta el límite de sus bienes, esto significa que una vez liquidado el patrimonio del empresario las deudas no satisfechas quedan condonadas, y el empresario podrá iniciar su nueva vida mercantil sin deudas, tampoco tendrá bienes, pero tendrá una  “segunda oportunidad”.

Sin embargo todos conocemos casos de empresarios cercanos, que una vez liquidado su patrimonio, siguen debiendo a las entidades financieras importantes cantidades de dinero, condenándolo a la muerte civil y mercantil, ya que no podrá volver a pedir crédito, crear una sociedad o iniciar cualquier tipo de actividad.

No parece que nuestros legisladores tengan previsto modificar nuestra ley concursal para incluir algo parecido, con la Ley de Emprendedores se hizo un vago intento de un sistema que eximía una parte de la deuda al empresario endeudado siempre que cumpliera unas muy complicadas condiciones a todas luces ha desembocado en el fracaso de aplicación de aquella ley.

Seguimos por tanto condenando al empresario avalista fallido a seguir proscrito mercantilmente, lo que por otro lado parece una contradicción si nos creemos el mensaje de nuestros queridos políticos que quieren reactivar el empleo a golpe de creación de nuevas empresas, yo me pregunto, ¿con que empresarios, nadie ha caído en que antes tenemos que rescatarlos?.

Intervención en Gestiona Radio.

Gestiona Radio

El pasado 30 de Mayo participé en la tertulia radiofónica a nivel nacional  Impulso Empresarial de GestionaRadio, es un programa especializado en temas económicos y en concreto hablamos  sobre la solución que ha planteado el gobierno a la situación de insolvencia de las empresas concesionarias de Autopistas.

   Participaron conmigo Francisco Zurita (Zurita Abogados) y Luis Sánchez (Medina Cuadros Abogados).