Condenado un Abogado como cooperador necesario en un entramado defraudatorio.

Juzgado de lo Penal núm. 3 Santander, Sentencia 16 Octubre 2017. Recurso 241/2015

El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santander ha condenado a dos de los imputados -un empresario y un letrado- como autor y cooperador necesario respectivamente, responsables de la comisión de ocho y seis delitos contra la hacienda pública en concurso medial con un delito continuado de falsedad mercantil, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Igualmente ha condenado a otros nueve empresarios, pero en su caso únicamente como autores de un delito de falsificación mercantil con la concurrencia de la misma atenuante, al no haberse podido acreditar que su defraudación alcanzó los 120.000 euros que establece el art. 305 CP como límite para entender que existe delito y no infracción administrativa.

Según la fundamentación de la resolución, ha quedado acreditada la existencia de un entramado societario urdido para la ocultación de la actividad económica y profesional de los reales partícipes y beneficiarios de las rentas percibidas en operaciones inmobiliarias de compraventa de inmuebles, cesiones o adquisiciones de derechos de opción de compra, e intermediación inmobiliaria, mediante la utilización de sociedades instrumentales o ficticias.

Dichas sociedades “pantalla” eran creadas o bien reactivadas al efecto, careciendo en cualquiera de los casos de actividad mercantil alguna, infraestructura o patrimonio, y ello con la finalidad de servir de pantalla, simulando formalmente una actividad en la que no intervenían y atribuyéndoles una facturación, enmascarando a terceros, o empleando la razón social de empresas reales, como tapadera con el mismo fin de ocultación de la realidad y elusión de las obligaciones fiscales, al ser sociedades sin recursos económicos, capital social, bienes o activo alguno, haciendo inviables sus responsabilidades tributarias frente a la Hacienda Pública.

La identificación del verdadero obligado tributario era así muy difícil, emitiendo también las sociedades «fachada» facturas por operaciones inexistentes, tendentes a permitir la deducción de gastos, o cuotas de IVA soportado, minorando sus obligaciones fiscales. En dicha operativa resultaba precisa la figura del testaferro, que asume la formal administración y representación legal de las sociedades instrumentales de la trama, persona que era facilitada por el abogado acusado, pero que no ha sido enjuiciado en la causa al haber sufrido la enfermedad grave y degenerativa de Alzheimer.

Argumenta también el Juzgado que en el caso del principal empresario condenado por las operaciones efectuadas por su sociedad Plax & Llanera, es evidente el dolo defraudatorio, al haberse omitido las declaraciones correspondientes, o haber sido presentadas de forma fragmentaria, ocultando parte de sus resultados, pese al conocimiento de la obligación de tributar, que además intentaba evitar mediante sociedades interpuestas. En dichas operaciones contó con el asesoramiento del abogado acusado, que le auxiliaba en los aspectos técnico-jurídicos de las operaciones, pero que además dirigía su actuación impartiendo instrucciones a los demás participes, computando la opacidad de las transmisiones respecto a la Hacienda Pública, a través de sucesivos contratos redactados, controlando las cuentas bancarias de aquellas, sus fondos, así como el cobro y el reparto de los beneficios obtenidos. Ello le constituye en cooperador necesario de los delitos tributarios conforme al art. 28 b) CP.

Respecto de la falsedad, además de facturas que no responden a ninguna operación, la mayor parte se refieren a operaciones efectivas realizadas, pero por persona o entidad distinta, al ser emitidas por las sociedades instrumentales, lo que integra el delito de falsificación imputado del art. 392 CP en su modalidad de delito continuado.

En cuanto a la penalidad aplicable, se tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, atendidas las paralizaciones del proceso y el dilatado tiempo en dictar sentencia, que no es imputable a los acusados. Y, a pesar de que la Sala impone a ambos acusados la pena de prisión de doce meses por cada uno de los delitos fiscales cometidos, en virtud del art. 76 CP que fija el máximo de cumplimiento efectivo de la condena –que no puede exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave-, el cumplimiento efectivo en el caso será del triple de dicha pena, esto es, tres años.

Además, el Tribunal les impone la pena de multa por cantidades superiores al millón y medio de euros a cada uno, inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía –al letrado-, y la administración y gestión de sociedades –a ambos condenados-, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas, y beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social. También les impone la obligación de indemnizar

La culpabilidad en el proceso sancionador

Interesante Fallo del TEAC que aclara la culpabilidad en el proceso sancionador TEAC 20-7-17 EDD 2017-163249 Res. TEAC 267-2014 de 20 julio de 2017

La AEAT de Valencia inicia un procedimiento de comprobación en relación con la solicitud de devolución del IVA, ejercicio 2012. En la propuesta de liquidación provisional se minora el importe declarado por el obligado tributario en relación a las cuotas de IVA soportadas deducibles, incluidas las soportadas por importaciones de bienes corrientes.

En el trámite de alegaciones el contribuyente manifiesta que debido a un error informático se incluyeron derechos arancelarios dentro del importe relativo a las cuotas de IVA soportado por importación, prestando su conformidad con el importe fijado por la Administración.

Notificada la liquidación provisional, que solo difiere de la cuota solicitada por el contribuyente en el importe de los derechos arancelarios, se inicia procedimiento sancionador, en el que se señala la comisión de una infracción grave por solicitar indebidamente devoluciones tributarias.

Al no apreciarse ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad legalmente prevista, la Administración impone la sanción propuesta, por entender que siendo el obligado tributario una gran empresa le es exigible un mayor grado de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la sanción es procedente incluso en caso de negligencia.
Elevada la cuestión ante el TEAC por el contribuye, recuerda que es jurisprudencia reiterada del TS que la carga de la prueba de la culpabilidad corresponde a la Administración y que al amparo constitucional no se puede definir la actuación del infractor como dolosa o culposa atendiendo exclusivamente a circunstancias subjetivas, como el hecho de que el recurrente sea una gran empresa (Const art.25).

Igualmente recuerda que no es posible declarar la existencia de culpabilidad por exclusión, y que no incide sobre el elemento culpabilidad la falta de regularización voluntaria o el hecho de que se haya iniciado un procedimiento administrativo para detectar el error (Const art.24).

Es por todo ello que estima las alegaciones presentadas por la entidad recurrente anulando el acuerdo de imposición de sanción.

Alta del administrador social en la Seguridad Social

Siempre es complicado conocer el encaje que tiene un administrador social dentro de las distintas categorías que tiene la Seguridad Social, para conocer mejor su ubicación hemos preparado el siguiente esquema que aclara el alta correcto del administrador social dentro de la complicada legislación laboral aplicable.

Valor a efectos de ITP y AJD de la adjudicación en subasta de un inmueble

En la determinación del valor real de dichos inmuebles a efectos del ITP y AJD se han de tener en cuenta las cargas anteriores y preferentes, con independencia de quién sea el acreedor de la deuda garantiza con dichas cargas.

 TSJ Galicia 2-11-16, EDJ211326

En un procedimiento de ejecución hipotecaria un inmueble fue adjudicado a una entidad bancaria. Iniciado el procedimiento de comprobación limitada, fue dictada liquidación del ITP y AJD, tomándose como base imponible el precio de remate de la subasta, junto con las cargas preferentes que aparecerían en el Registro de la Propiedad y que fueron asumidas. Como la entidad adjudicataria del bien absorbió íntegramente a la entidad originariamente acreedora del préstamo, se plantea reclamación económica- administrativa por entenderse que, en relación con las cargas y gravámenes anteriores a dicho préstamo, las deudas debían entenderse extinguidas por confusión de los derechos del acreedor y deudor de conformidad con el CC art.1192.
Centrando la cuestión en la cuantificación de la base imponible en los casos de adjudicación de bienes mediante subasta, hay que tener en cuenta el pronunciamiento del TS (TS 5-10-95, EDJ7871) y AN (AN 11-2-00, Rec 330/96), en los que se considera que la transmisión mediante subasta judicial constituye una enajenación onerosa de bienes con precio en dinero marcado por ley o determinado por autoridades o funcionarios idóneos, lo cual provoca que constituya la base impositiva correspondiente al acto gravado y que sea innecesaria la comprobación de valores posterior. Por tanto, la comprobación administrativa solo debe llevarse a cabo cuando se presuma que el valor declarado no se corresponde con el valor real, lo cual no ocurre cuando el valor real viene claramente fijado por la autoridad judicial o administrativa.
No obstante, esta doctrina no puede impedir la aplicación de otras normas legales o reglamentarias a efectos de la determinación de la base imponible, lo cual ocurre cuando subsisten cargas preferentes y no canceladas que disminuyen el precio del bien, en cuyo caso, como sostiene la recurrente, resulta aplicable la LITP art.10.1 y RITP art.38, en virtud de lo cual en la determinación de la base imponible del ITP y AJD resultan deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes pero no las deudas -aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca-, presumiéndose que todas las cargas, merezcan o no la calificación de deducibles, han sido rebajadas al fijar el precio (es decir, al acudir a la subasta), por lo que a la hora de determinar el valor declarado han de ser tenidas en cuenta, aumentado en dicho importe el precio fijado por la aprobación del remate y adjudicación (TSJ Málaga 22-2-10, EDJ 382077). En este sentido, con la resolución judicial solo se produce la cancelación de la carga por la que se procede y de las posteriores que no tengan la condición de preferentes, pero no de las preferentes y anteriores. Por tanto, esto constituye una excepción a la doctrina legal del TS indicada anteriormente.
En consecuencia, el valor real se corresponde con el de adjudicación (o de remate), junto con las cargas y obligaciones anteriores y preferentes asumidas por el adjudicatario.
Por último, en relación con la incidencia que puede tener en la determinación de la base imponible el hecho de que se produzca, como consecuencia de la absorción del titular del préstamo por parte del adjudicatario y, por tanto, de la posible confusión entre acreedor y deudor, el TSJ considera que el irrelevante ya que la extinción de la deuda por confusión el irrelevante a efectos del ITP y AJD debido a que el valor real de los bienes transmitidos debe ser, frente a terceros, el que conste en el Registro de la Propiedad, al resultar el importe máximo de responsabilidad en el que, en su caso, quedaría subrogado el adjudicatario distinto, es decir, el valor de subasta más la carga, con independencia de quien sea el acreedor de la deuda garantiza con dicha carga (en este sentido, TSJ Cataluña 6-7-06, EDJ 375972; TSJ Murcia 22-4-05, EDJ 324330; TSJ Madrid 25-6-15, EDJ 139673).
FUENTE : EL DERECHO.

Tributación de la devolución de cantidades por Claúsulas Suelo.

 

El pasado día 21 se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Dicha norma tiene por objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito por intereses.

Por lo que se refiere a la vertiente tributaria de estas devoluciones, se modifica la ley del Impuesto sobre la Renta, añadiendo una Disposición Adicional 45ª, para establecer su tributación en dicho impuesto de las devoluciones originadas por la cláusula suelo, ya sean producto de acuerdos regulados en esta norma, por sentencias judiciales o por laudos arbitrales.

  • No se integra en el IRPF ni la devolución obtenida -por acuerdo o sentencia-, ya sea en efectivo o con otra compensación, de los intereses indebidamente pagados, ni tampoco los intereses indemnizatorios que se satisfagan al contribuyente.
  • Si los intereses constituyeron base de la deducción por adquisición de vivienda, estatal o de las deducciones reguladas por las Comunidades Autónomas, dichas deducciones se sumarán a la cuota líquida estatal y autonómica del ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo, pero solo los correspondientes a ejercicios no prescritos y sin añadir intereses de demora. Si la forma de resarcir al cliente por la entidad de crédito consistiera en reducir el préstamo pendiente, ni habrá que sumar las cantidades deducidas en años anteriores ni el contribuyente podrá deducir por dicha minoración del préstamo.
  • Si los intereses indebidamente cobrados se dedujeron en la base de las declaraciones por IRPF de ejercicios anteriores, por ejemplo de los rendimientos del capital inmobiliario, la devolución de los mismos obliga a la presentación de declaraciones complementarias de los ejercicios no prescritos, sin recargos, sanciones ni intereses de demora. El plazo para presentar estas complementarias será el comprendido entre la fecha del acuerdo y el fin del siguiente plazo de declaración. Así por ejemplo, si el acuerdo tiene lugar en marzo de 2017, las complementarias habrá que presentarlas antes del 30 de junio de este año, pero si se produjera el acuerdo en mayo, ya iniciado el plazo de la Renta 2016, el plazo para las complementarias finalizará cuando termine el plazo para presentar Renta 2017, en 2018.
  • En el caso de intereses pagados en 2016, si el acuerdo se consigue antes del 30 de junio de 2017, dichos intereses no formarán parte de la base de las deducciones por adquisición de vivienda ni serán gastos deducibles en la Renta 2016.

 

Información suministrada por el Secretario Técnico del REAF-REGAF

Los nuevos pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

Pagos Fraccionados
Pagos Fraccionados

El pasado día 30 se publicó el Real Decreto-ley 2/2016 por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público (BOE 30-9).

Asimismo se publicó el mismo día la Orden HAP/1552/2016 que modifica las Órdenes que regulan los modelos 220 y 202 para adaptarlos a los cambios legales.

En el Real Decreto-ley se modifican los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades a partir ya del que se ha de presentar en los primeros 20 días de octubre y, mientras no cambie la norma, con carácter indefinido. Las modificaciones introducidas a través de una nueva Disposición Adicional de la Ley 27/2014, la decimocuarta, se pueden sintetizar en lo siguiente:

1.- A las entidades que calculan los pagos fraccionados partiendo de la cuota del último período impositivo con plazo de declaración vencido no les afecta esta norma, aplicando, como en 1P 2015, el 18%.

2.- Tampoco afectará la norma a entidades que calculen sus pagos fraccionados partiendo de la base imponible corrida hasta el inicio del plazo del pago si el importe neto de la cifra de negocios (INCN) de los 12 meses anteriores al inicio de su período impositivo no llega a 10 millones de euros. Por lo tanto, si la entidad tiene un tipo en este impuesto del 25%, el pago fraccionado lo calculará, como hasta ahora, aplicando un 17% de la base corrida (5/7 del tipo redondeado por defecto).

3.- La modificación afecta a entidades con INCN en 12 meses anteriores al inicio de su período impositivo de, al menos, 10 millones de euros. El importe a ingresar en los pagos fraccionado que se presenten a partir de ahora se calculará de la siguiente forma:
El porcentaje para calcular el pago fraccionado, en lugar de ser el 17% de la base, pasará a ser de 19/20 del tipo impositivo redondeado por exceso. Por lo tanto, una entidad que tribute al 25% calcula el pago aplicando a la base corrida el tipo del 24%, y una entidad cuyo tipo sea el 30% calculará el pago aplicando a la base corrida el 29%.

En general, un mínimo del 23% del resultado contable positivo de los 3, 9 u 11 meses (si su período coincide con el año natural), restándole solamente los pagos fraccionados ingresados con anterioridad por ese ejercicio. Si se trata de contribuyentes que tributan al 30%, el porcentaje mínimo sobre el resultado contable será el 25%.
Excepciones a ese ingreso mínimo: Se excluye del resultado contable la renta correspondiente a quitas o esperas consecuencia de de un acuerdo con los acreedores, que no haya que incluir en la base imponible, y la correspondiente a operaciones de aumento de capital por compensación de créditos que no se tenga que integrar en la base imponible.
En las entidades parcialmente exentas solo se considera el resultado positivo de rentas no exentas.

Las entidades que prestan servicio públicos locales solo aplicarán el mínimo sobre las rentas no bonificadas.

No se aplica este mínimo a: las entidades no lucrativas de la ley 49/2002, a las que tributan al tipo del 1%, a las SOCIMI’s ni a los Fondos de Pensiones.

FUENTE: REAF.

A partir de 2.10.2016 los sábados serán inhábiles para la Administración.

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015), así como en la Disposición Final Séptima de la misma (en general determina que la entrada en vigor de la norma se produce al año de su publicación), a partir del 2 de octubre próximo los sábados serán días inhábiles a efectos del cómputo de plazos, uniéndose a los domingos y festivos que ya se consideraban así.

Esto significa que a partir de dicha fecha, cuando un plazo termine en sábado, se entenderá prorrogado al lunes siguiente.

 

Fuente:  REAF-REGAF del CGE

Sanciones por el no deposito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil

En España  ha habido una relajación por parte del ICAC, órgano encargado en la supervisión de sancionar aquellas empresas que no depositan sus cuentas en el Registro Mercantil correspondiente (entre otras cosas).

Sin embargo esto puede haber llegado a su fin, se han iniciado la apertura por parte del ICAC, de expedientes sancionadores a algunas sociedades que no han cumplido con la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

A este respecto es importante tener en cuenta :

De acuerdo con lo establecido en el artículo 279.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, «Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil.».

El artículo 282.1 dispone que «El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista.».En el apartado 2 del mismo artículo se relacionan algunas excepciones.

Asimismo, según el artículo 283 del mismo texto legal:

«1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo, también dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros.
2. La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor por la sociedad; su incumplimiento se considerará a los efectos de la determinación de la sanción. En el supuesto de no disponer de dichos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efecto se solicitará del Registro Mercantil correspondiente.
3. En el supuesto de que los documentos a que se refiere este capítulo hubiesen sido depositados con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento.
4. Las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán a los tres años.»

Por otra parte, hay que saber que conforme al 371 del Reglamento del Registro Mercantil, al finalizar cada año, los Registradores Mercantiles deben de remitir a la Dirección General de los Registros y del Notariado y esta, a su vez, al ICAC, una relación alfabética de las sociedades que no hubieran cumplido en debida forma la obligación de depósito de las cuentas anuales, para la incoación del correspondiente expediente sancionador. Por lo tanto, el ICAC tiene conocimiento cada año de las sociedades que no han efectuado el depósito.

Este procedimiento se sigue conforme a los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo cual se concreta en que desde que se notifica la incoación del expediente sancionador se da un plazo para efectuar alegaciones de 15 días, en que existe un plazo para resolverlo y notificar dicha resolución de 6 meses desde la fecha del acuerdo de incoación, pasado el cual caduca el expediente, o que se puede suspender o interrumpir el cómputo del plazo en los casos que prevé la citada norma.

Fuente: EC-CGE

¿Qué coste fiscal tiene modificar una declaración de IVA erronea?

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No son pocas las ocasiones que las autodeclaraciones realizadas para la liquidación del IVA resultan ser incorrectas con el paso del tiempo, la Dirección General de Tributos ha contestado una consulta vinculante que solicitaba el procedimiento para corregir el error detectado, y esta ha sido la contestación de la DGT.

Consulta Vinculante V1904-16, de 29 Abril de 2016, de la Subdirección General de de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

Para responder a dicha pregunta la Dirección General de Tributos parte de la base de que el contribuyente ha cometido en la presentación de la autoliquidación trimestral del IVA, un error cuya subsanación le conllevaría a ingresar un mayor importe o a una menor compensación.

El art. 122 LGT regula la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o sustitutivas, y establece lo siguiente:

1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. En este último caso tendrán el carácter de extemporáneas.

2. Las autoliquidaciones complementarias tendrán como finalidad completar o modificar las presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada. En los demás casos, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de esta ley.

Con respecto a los recargos por declaración extemporánea los porcentajes de recargo aplicables continúa la DGT, como se establece en el art. 27 LGT, dependerán del tiempo trascurrido entre la finalización del plazo de autoliquidación del impuesto, sin requerimiento previo, y la entrega de la declaración complementaria por el contribuyente.

Normativa aplicada: art. 122 (L 58/2003).