Intervención sobre la Regularización del Catastro en TG7.

Intervención en TG7, en el programa del Salón sobre El Plan de Regularización Catastral .

PLAN DE REGULACIÓN CATASTRAL 2013-2016

22 municipios de la provincia ya han sido incluidos en este plan de regularización catastral 2013-2016. El procedimiento ha terminado en Alfacar, Alhendín, Armilla, Chauchina, Churriana de la Vega, Cijuela, Cúllar Vega, Dílar, Gójar, Huétor Tájar, Huétor Vega, Iznalloz, La Zubia, Láchar, Las Gabias, Monachil, Peligros, Pinos Puente, Salar, Santa Fe, Vegas del Genil y Villanueva Mesía.

43 municipios más se están sometiendo ahora a las labores de campo para detectar esas irregularidades en las inscripciones catastrales. Son Albuñuelas, Alhama, Baza, Cájar, Caniles, Cenes de la Vega, Cogollos Vega, Cuevas del Campo, Deifontes, Diezma, Dúrcal, El Valle, Fonelas, Fuente Vaqueros, Granada, Guadix, Ítrabo, Jete, la Tahá, Lecrín, Lentejí, Loja, Maracena, Molvízar, Montefrío, Motril, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Órgiva, Otívar, Padul, Pinos Genil, Píñar, Pulianas, Santa Cruz del Comercio, Valderrubio, Vélez de Benaudalla, Otura, Villamena, Víznar y Zagra.

12.680 inmuebles presentaban alguna irregularidad en lo inspeccionado hasta el momento. En el 41% de los casos se detectaron nuevas construcciones no declaradas; en otro 41% de los casos se hicieron aflorar piscinas de obra que no habían sido declaradas; en el 9% de se detectaron ampliaciones y rehabilitaciones que no constaban en el Catastro y en el 8% restante fueron reformas y cambios de uso.

60 euros es la tasa que tiene que abonar el titular de la vivienda en la que se ha detectado alguna reforma o ampliación no declarada en el Catastro. No es una multa, sino una tasa destinada a financiar los trabajos de inspección, entre los que se incluyen fotos aéreas. No se le multará pero sí se ajustará su recibo a los valores del IBI actuales en el próximo ejercicio y en los anteriores que no hayan prescrito. De la provincia han salido 760.800 euros de esta tasa, para financiar el proceso.

129 euros es la cantidad media que se ha incrementado el recibo de estas construcciones regularizadas. Esto ha supuesto 1.635.720 euros más recaudados por los municipios a través del recibo del IBI.

329 euros es la cantidad media que están pagando en concepto de atrasos los propietarios de los inmuebles en los que hay reformas o construcciones sin declarar. Supone 4.171.720 euros más recaudados en los ayuntamientos en los recibos del IBI.

Regularización 2013-2016

El procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral.

Este procedimiento se desarrollará entre 2013 y 2016 en todo el territorio nacional, excepto el País Vasco y Navarra. La determinación de los municipios afectados y el período de regularización para los mismos se establece mediante resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

La iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

Los efectos de la incorporación al Catastro, tanto de los inmuebles como de las alteraciones de su descripción catastral, se producen desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio que origina la incorporación o modificación catastral.

La regularización de la descripción de los bienes inmuebles está sujeta a la tasa de regularización catastral, cuya cuantía es de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización. Esta tasa debe ser abonada por quien tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización catastral.

¿Qué es el procedimiento de regularización catastral y cuál es su finalidad?

El procedimiento de regularización catastral es uno de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. Su finalidad es garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad.

La regularización de la descripción de los bienes inmuebles está sujeta a la tasa de regularización catastral.

¿Cuándo y dónde se aplica?

Este procedimiento se desarrollará durante los años 2013 a 2016 en todo el territorio nacional, excepto el País Vasco y Navarra.

La determinación del período de regularización para cada municipio se establece mediante resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el “Boletín Oficial del Estado”.

¿Cómo se inicia el procedimiento?

El procedimiento de regularización catastral se inicia de oficio por la Administración. Este inicio debe ser comunicado a los interesados, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen convenientes.

En aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por el procedimiento, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de regularización, junto con la liquidación de la tasa de regularización catastral.

¿Cuándo se producen los efectos de la incorporación o modificación en el Catastro de los inmuebles afectados por la regularización?

Las alteraciones catastrales resultantes del procedimiento de regularización surten efectos desde el día siguiente al de los hechos, actos o negocios que originan la incorporación o modificación catastral.

¿Cómo se tramita una declaración catastral que se presente durante el período de aplicación de la regularización en un municipio?

Las declaraciones que se presenten dentro del plazo legalmente establecido se tramitarán como cualquier otra declaración, conforme al procedimiento regulado en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

En el caso de que las declaraciones se presenten fuera de ese plazo, si en el municipio se está aplicando el procedimiento de regularización, se tramitarán conforme a éste, si perjuicio de que la información que en ellas se contenga y los documentos que las acompañen sean tenidos en cuenta en este procedimiento.

¿Qué es la tasa de regularización catastral?

La tasa de regularización catastral es un tributo de carácter estatal cuyo hecho imponible lo constituye la regularización de la descripción de los bienes inmuebles resultante del procedimiento de regularización catastral.

La cuantía de la tasa es de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización.

Esta tasa debe ser abonada por quien tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización catastral.

¿Que es el Catastro Inmobiliario?

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Está regulado por el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian del Registro de la Propiedad.

La descripción catastral de los bienes inmuebles incluye sus características físicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuentran su localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivo, representación gráfica, valor catastral y titular catastral.

Obligatoriedad de la incorporación al Catastro Inmobiliario

Al objeto de garantizar que los datos que se incluyen en la descripción catastral de los bienes inmuebles concuerdan con la realidad, la incorporación de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las alteraciones de sus características, es obligatoria.

Dicha incorporación se realiza mediante distintos procedimientos, dependiendo del hecho, acto o negocio que la provoque. Entre estos procedimientos destacan las declaraciones realizadas por los titulares catastrales, las comunicaciones realizadas por Notarios y Registradores de la Propiedad, Ayuntamientos, Agencia Estatal de Administración tributaria y otras administraciones actuantes en actos en actos de gestión urbanística y las solicitudes que deben realizarse en los supuestos contemplados legalmente. Puede obtener más información accediendo a la guía de procedimientos catastrales más frecuentes para el ciudadano.

Usos de la información catastral

La finalidad originaria del catastro es de carácter tributario, proporcionando la información necesaria para la gestión, recaudación y control de diversas figuras impositivas por las Administraciones estatal, autonómica y local. A estos efectos, el Catastro facilita el censo de bienes inmuebles, su titularidad, así como el valor catastral que es un valor administrativo que corresponde a cada inmueble y que permite determinar la capacidad económica de su titular.

Además de la función tributaria, en los últimos años se han incrementado notablemente los usos y utilidades de la información catastral por parte de Administraciones, ciudadanos y empresas. Como novedad más reciente en este ámbito cabe citar el servicio de descarga masiva de información catastral, disponible desde abril de 2011 y que pone gratuitamente a disposición de empresas y particulares la información catastral, incluyendo la posibilidad de su reutilización.

Usos fiscales

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real cuya base imponible esta constituida por el valor catastral de los inmuebles.

La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está compartida entre la Dirección General del Catastro, que realiza la gestión catastral, y los Ayuntamientos, que realizan la gestión tributaria del Impuesto, que comprende la recaudación y liquidación del impuesto así como la determinación del tipo de gravamen y de las exenciones y bonificaciones que procedan según la ley.

La gestión catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

La gestión catastral está constituida por un conjunto de operaciones y actuaciones administrativas de diversa índole necesarias para la formación de los Catastros Inmobiliarios y para el mantenimiento y utilización de los datos integrados en los mismos, así como para la incorporación de otros nuevos, con la finalidad de que dicha información se encuentre permanentemente actualizada. Es competencia de la Dirección General del Catastro y se ejerce a través de las Gerencias del Catastro o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones públicas.

Estas actuaciones pueden resumirse en las siguientes:

Identificación física de los bienes inmuebles (vuelos aéreos, cartografía, investigación y comprobación en campo, medición de superficies, etc.).

Determinación de los titulares catastrales de los bienes inmuebles.

Fijación y variación del valor catastral de los inmuebles, y de la base liquidable del IBI en procedimientos de valoración colectiva.

Notificación de valores catastrales.

Conservación y mantenimiento del Catastro, incorporando las variaciones de índole física, jurídica o económica que se produzcan en los bienes inmuebles.

Elaboración anual del padrón catastral.

Información y asistencia al ciudadano, que incluye actuaciones tales como la atención de las consultas, aclaraciones, expedición de certificados y suministro de información, etc., relativos a los datos integrados en el Catastro y actuaciones derivadas de la gestión catastral.

Resolución de recursos contra los actos de gestión catastral.

La gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

La gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituida por el conjunto de operaciones precisas para lograr la correcta exacción de este impuesto a partir de los datos que obran en los padrones catastrales. Es competencia de los Ayuntamientos y se ejercerá directamente por éstos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones Públicas.

Las principales actuaciones que integran la gestión tributaria del impuesto, son las siguientes:

Concesión o denegación de beneficios tributarios, tales como exenciones y bonificaciones.

Fijación de los tipos de gravamen.

Determinación de las deudas tributarias.

Elaboración y emisión de instrumentos cobratorios: recibos y liquidaciones.

Devoluciones de ingresos indebidos.

Resolución de recursos y reclamaciones contra los actos de gestión tributaria.

Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

La base imponible se determina aplicando el porcentaje aprobado por el Ayuntamiento sobre el valor del terreno fijado por la Dirección General del Catastro a efectos del IBI.

En caso de revisión catastral, el valor del terreno fijado por el Catastro se reduce en una cuantía de entre el 40% y el 60%, durante los cinco años siguientes a la citada revisión, según lo que haya acordado el Ayuntamiento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Para los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual y otros exceptuados se imputa como renta a efectos del IRPF:

El 1,1% del valor catastral, si se ha producido una revisión catastral o se ha valorado colectivamente el municipio en el que radique el inmueble a partir del 1 de enero de 1994.

El 2% del valor catastral, si la última revisión catastral realizada en el municipio es anterior a 1994.

En el caso de que a la fecha de devengo del IRPF el inmueble carezca de valor catastral o éste no haya sido notificado a su titular, se imputará como renta el 1,1% del valor del inmueble para cuyo cálculo a estos efectos se tomará el 50 por 100 del mayor de los dos siguientes:

a) El precio, contraprestación o valor de adquisición.

b) El valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos.

En el caso de inmuebles rústicos o urbanos que produzcan rendimientos del capital inmobiliario por encontrarse arrendados o por haberse constituido o cedido derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos, la cuota del IBI tiene la consideración de gasto deducible de tales rendimientos.

También es deducible, entre otros conceptos, la amortización del inmueble, para cuyo cálculo en caso de desconocimiento del valor del suelo, se utiliza el valor catastral.

Impuesto sobre el Patrimonio

Los bienes inmuebles rústicos y urbanos se computan por el mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral, el valor establecido por la Comunidad Autónoma a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o sobre Sucesiones y Donaciones, o el precio o valor de adquisición.

La vivienda habitual del contribuyente está exenta del Impuesto sobre el Patrimonio hasta un importe máximo de 300.000 euros.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales

En general, los inmuebles y demás bienes se computan por su valor real, por lo que no resulta aplicable el valor catastral. No obstante, las Comunidades Autónomas pueden utilizar el valor catastral como medio de comprobación o como valor indicativo, multiplicado por determinados coeficientes.