Condenado un Abogado como cooperador necesario en un entramado defraudatorio.

Juzgado de lo Penal núm. 3 Santander, Sentencia 16 Octubre 2017. Recurso 241/2015

El Juzgado de lo Penal núm. 3 de Santander ha condenado a dos de los imputados -un empresario y un letrado- como autor y cooperador necesario respectivamente, responsables de la comisión de ocho y seis delitos contra la hacienda pública en concurso medial con un delito continuado de falsedad mercantil, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Igualmente ha condenado a otros nueve empresarios, pero en su caso únicamente como autores de un delito de falsificación mercantil con la concurrencia de la misma atenuante, al no haberse podido acreditar que su defraudación alcanzó los 120.000 euros que establece el art. 305 CP como límite para entender que existe delito y no infracción administrativa.

Según la fundamentación de la resolución, ha quedado acreditada la existencia de un entramado societario urdido para la ocultación de la actividad económica y profesional de los reales partícipes y beneficiarios de las rentas percibidas en operaciones inmobiliarias de compraventa de inmuebles, cesiones o adquisiciones de derechos de opción de compra, e intermediación inmobiliaria, mediante la utilización de sociedades instrumentales o ficticias.

Dichas sociedades “pantalla” eran creadas o bien reactivadas al efecto, careciendo en cualquiera de los casos de actividad mercantil alguna, infraestructura o patrimonio, y ello con la finalidad de servir de pantalla, simulando formalmente una actividad en la que no intervenían y atribuyéndoles una facturación, enmascarando a terceros, o empleando la razón social de empresas reales, como tapadera con el mismo fin de ocultación de la realidad y elusión de las obligaciones fiscales, al ser sociedades sin recursos económicos, capital social, bienes o activo alguno, haciendo inviables sus responsabilidades tributarias frente a la Hacienda Pública.

La identificación del verdadero obligado tributario era así muy difícil, emitiendo también las sociedades «fachada» facturas por operaciones inexistentes, tendentes a permitir la deducción de gastos, o cuotas de IVA soportado, minorando sus obligaciones fiscales. En dicha operativa resultaba precisa la figura del testaferro, que asume la formal administración y representación legal de las sociedades instrumentales de la trama, persona que era facilitada por el abogado acusado, pero que no ha sido enjuiciado en la causa al haber sufrido la enfermedad grave y degenerativa de Alzheimer.

Argumenta también el Juzgado que en el caso del principal empresario condenado por las operaciones efectuadas por su sociedad Plax & Llanera, es evidente el dolo defraudatorio, al haberse omitido las declaraciones correspondientes, o haber sido presentadas de forma fragmentaria, ocultando parte de sus resultados, pese al conocimiento de la obligación de tributar, que además intentaba evitar mediante sociedades interpuestas. En dichas operaciones contó con el asesoramiento del abogado acusado, que le auxiliaba en los aspectos técnico-jurídicos de las operaciones, pero que además dirigía su actuación impartiendo instrucciones a los demás participes, computando la opacidad de las transmisiones respecto a la Hacienda Pública, a través de sucesivos contratos redactados, controlando las cuentas bancarias de aquellas, sus fondos, así como el cobro y el reparto de los beneficios obtenidos. Ello le constituye en cooperador necesario de los delitos tributarios conforme al art. 28 b) CP.

Respecto de la falsedad, además de facturas que no responden a ninguna operación, la mayor parte se refieren a operaciones efectivas realizadas, pero por persona o entidad distinta, al ser emitidas por las sociedades instrumentales, lo que integra el delito de falsificación imputado del art. 392 CP en su modalidad de delito continuado.

En cuanto a la penalidad aplicable, se tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, atendidas las paralizaciones del proceso y el dilatado tiempo en dictar sentencia, que no es imputable a los acusados. Y, a pesar de que la Sala impone a ambos acusados la pena de prisión de doce meses por cada uno de los delitos fiscales cometidos, en virtud del art. 76 CP que fija el máximo de cumplimiento efectivo de la condena –que no puede exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave-, el cumplimiento efectivo en el caso será del triple de dicha pena, esto es, tres años.

Además, el Tribunal les impone la pena de multa por cantidades superiores al millón y medio de euros a cada uno, inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía –al letrado-, y la administración y gestión de sociedades –a ambos condenados-, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas, y beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social. También les impone la obligación de indemnizar