Derechos y garantías de los empresarios y profesionales ante la entrada y registro de la inspección.

El articulo 113 de la Ley General Tributaria indica que; cuando en un procedimiento inspector resulte necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, la Administración tributaria deberá obtener su consentimiento o la correspondiente autorización judicial (LGT art.113 y 142.2RGGI art.172.2).

El acceso a y registro de los locales/sedes de empresarios y profesionales por parte de la inspección es un tema de recurrente actualidad y de crucial importancia sobre la validez probatoria de la información y documentación requisada. Por ello, conviene poner al día el catálogo de derechos y garantías que asiste a los afectados:

• En primer término, recordar que ostenta la condición de inviolable el domicilio constitucionalmente protegido – es decir, aquellas zonas y áreas de una empresa o despacho profesional donde exista privacidad y recogimiento, esto es, los espacios (oficinas, salas de reuniones y de juntas, despachos, etc.) a los que no tienen acceso los terceros (o sea, los que no son “de la casa”, para que se entienda) sin expreso permiso. Ello se traduce en que la inspección únicamente podrá acceder al mismo si el titular consiente explícitamente la entrada y registro o, en su defecto, si cuenta con la correspondiente autorización judicial.

• Los órganos de la Agencia Tributaria deberán motivar suficientemente su solicitud de obtención de autorización judicial para la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, por lo que no serán válidos motivos genéricos o estandarizados, sino que se deben de concretar y explicitar aquellos argumentos que pongan en evidencia indicios de la comisión de un ilícito tributario. Además, el juez valorará, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto, la necesidad (no basta la mera conveniencia) de la entrada y registro.

Si la entrada y registro se realiza sobre la base de una autorización judicial, los términos en que esté redactado el auto deberán de ser escrupulosamente respetados. En cuanto al contenido del auto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 7 de marzo de 2005, recurso 474/2004, establece que “el razonamiento mínimo del auto judicial, parcialmente reproducido en el artículo 558 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exige una mención a circunstancias tales como: la situación del domicilio, el momento y tiempo para llevar a cabo la entrada y registro, los efectos en cuya busca es encontrado el registro y delito con el que están relacionados, e identidad o identidades de las personas que resulten titulares u ocupantes del domicilio objeto de la diligencia, de resultar conocidos”.

• Contra el auto judicial cabe recurso de apelación ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales y, en última instancia, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

• En relación con la práctica de entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido del empresario o profesional, es importante señalar que debe estar presente el Secretario del Juzgado, como dispone el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

• La importancia de la inviolabilidad del domicilio constitucionalmente protegido se traduce, entre otros, en el hecho de que la inspección debe informar al empresario o profesional de su derecho a oponerse a la entrada en esa zona de la empresa o despacho. El TC ha declarado la necesidad de que el consentimiento dado por el obligado tributario sea informado, es decir, de que quien lo preste haya sido convenientemente instruido del alcance y propósito de la entrada y registro domiciliarios, y con la advertencia expresa del derecho que le asiste a oponerse a dicha injerencia.

• En lo referente a aquellas zonas de la empresa o despacho profesional que no encajen dentro de lo que se considera como domicilio constitucionalmente protegido, o sea, a los espacios a los que sí pueden acceder terceros (el hall de entrada, tiendas, ciertos almacenes y fábricas, locales de hostelería, por ejemplo), la inspección podrá entrar siempre que cuente con el consentimiento del titular. A falta de éste, será necesaria una autorización del Delegado Especial de la Agencia Tributaria.

• Si se prestase voluntariamente el consentimiento, éste puede estar limitado en el tiempo y en el espacio físico – es decir, limitado a una determinada área o zona de la empresa o despacho -, y dicho consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, circunstancia en la cual la inspección debe de regresar a una zona de acceso libre y sin que pueda llevarse ninguna de las pruebas o documentación reclutadas hasta ese momento.Tanto la revocación del consentimiento prestado, como la negativa a prestar dicho consentimiento, deben de constar documentados en diligencia.

• Si, finalmente, tiene lugar la entrada y registro, ésta siempre deberá desarrollarse de la forma menos gravosa para el empresario o profesional, y la inspección deberá de reflejar en diligencia todas las circunstancias relacionadas con tal entrada y registro, así como las manifestaciones, comentarios o quejas del empresario o profesional.

• La inspección no podrá obtener (ni, por tanto, utilizar en el procedimiento en curso o en ulteriores) información de terceros ajenos al empresario o profesional objeto de la actuación de entrada y registro. Por lo tanto, en las entradas y registros en despachos de abogados, auditores o asesores fiscales, no podrán ser copiados los datos de tales terceros (proveedores, clientes, acreedores, etc.). En estos supuestos, si la inspección utilizase la documentación obtenida para iniciar procedimientos contra los terceros, habrá vulnerado “per saltum” el domicilio constitucionalmente protegido, con la consiguiente invalidación de las pruebas obtenidas.

En fin, recordemos que las copias de los archivos y registros informáticos deberán de ser guardadas en un sobre o caja precintados, deberá de poder verificarse la trazabilidad de su custodia, esto es, de su no manipulación, y únicamente podrán ser abiertos en presencia del obligado tributario (o de su representante).

La Audiencia Nacional admite pruebas al contribuyente una vez acabado el proceso inspector por la irregularidad de notificación de la administracion.

AN 18072017

Tras el correspondiente procedimiento inspector, se notifica al contribuyente acuerdo de liquidación por el concepto IVA 2012 donde se deniega la devolución del impuesto. Justifica la Administración su actuación en que la falta de documentación solicitada ha impedido comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la devolución del IVA solicitada.

Al interponer el recurso de reposición, el contribuyente aporta la documentación requerida. No obstante, la Administración considera que en esa fase ya no es posible la entrega de una documentación que debió haber sido aportada en la fase de inspección.

El contribuyente interpone reclamación ante el TEAC, quien confirma la resolución dictada en reposición. Expedita la vía administrativa, recurre ante la AN solicitando la nulidad de la resolución administrativa impugnada.

El objeto de debate se centra en examinar si la Administración debe ordenar la retroacción de las actuaciones administrativas de comprobación cuando el interesado aporta por primera vez, en vía de recurso de reposición, la documentación requerida por el órgano inspector.

El Tribunal expone que en aplicación del principio de neutralidad impositiva puede admitirse la entrega de documentación en vía de recurso, pero matiza que en aras del principio de seguridad jurídica, solo en los casos en lo que exista indefensión.

Y esta indefensión se aprecia en el procedimiento inspector analizado. La Administración conocía la obligación de notificar a través del sistema de notificación electrónica y, sin embargo, utilizó, de forma aleatoria y alternativa, tanto el sistema de notificación electrónica como el sistema de notificación personal. Y esta forma de actuar ha impedido concretar con exactitud en qué momento el administrado es conocedor de su obligación de entregar la documentación.

En consecuencia, la Audiencia entiende que la Administración debió admitir en vía de reposición la documentación aportada por el interesado, estimando el recurso y acordando la retroacción de las actuaciones al procedimiento de inspección.​

Alta del administrador social en la Seguridad Social

Siempre es complicado conocer el encaje que tiene un administrador social dentro de las distintas categorías que tiene la Seguridad Social, para conocer mejor su ubicación hemos preparado el siguiente esquema que aclara el alta correcto del administrador social dentro de la complicada legislación laboral aplicable.

Los nuevos pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

Pagos Fraccionados
Pagos Fraccionados

El pasado día 30 se publicó el Real Decreto-ley 2/2016 por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público (BOE 30-9).

Asimismo se publicó el mismo día la Orden HAP/1552/2016 que modifica las Órdenes que regulan los modelos 220 y 202 para adaptarlos a los cambios legales.

En el Real Decreto-ley se modifican los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades a partir ya del que se ha de presentar en los primeros 20 días de octubre y, mientras no cambie la norma, con carácter indefinido. Las modificaciones introducidas a través de una nueva Disposición Adicional de la Ley 27/2014, la decimocuarta, se pueden sintetizar en lo siguiente:

1.- A las entidades que calculan los pagos fraccionados partiendo de la cuota del último período impositivo con plazo de declaración vencido no les afecta esta norma, aplicando, como en 1P 2015, el 18%.

2.- Tampoco afectará la norma a entidades que calculen sus pagos fraccionados partiendo de la base imponible corrida hasta el inicio del plazo del pago si el importe neto de la cifra de negocios (INCN) de los 12 meses anteriores al inicio de su período impositivo no llega a 10 millones de euros. Por lo tanto, si la entidad tiene un tipo en este impuesto del 25%, el pago fraccionado lo calculará, como hasta ahora, aplicando un 17% de la base corrida (5/7 del tipo redondeado por defecto).

3.- La modificación afecta a entidades con INCN en 12 meses anteriores al inicio de su período impositivo de, al menos, 10 millones de euros. El importe a ingresar en los pagos fraccionado que se presenten a partir de ahora se calculará de la siguiente forma:
El porcentaje para calcular el pago fraccionado, en lugar de ser el 17% de la base, pasará a ser de 19/20 del tipo impositivo redondeado por exceso. Por lo tanto, una entidad que tribute al 25% calcula el pago aplicando a la base corrida el tipo del 24%, y una entidad cuyo tipo sea el 30% calculará el pago aplicando a la base corrida el 29%.

En general, un mínimo del 23% del resultado contable positivo de los 3, 9 u 11 meses (si su período coincide con el año natural), restándole solamente los pagos fraccionados ingresados con anterioridad por ese ejercicio. Si se trata de contribuyentes que tributan al 30%, el porcentaje mínimo sobre el resultado contable será el 25%.
Excepciones a ese ingreso mínimo: Se excluye del resultado contable la renta correspondiente a quitas o esperas consecuencia de de un acuerdo con los acreedores, que no haya que incluir en la base imponible, y la correspondiente a operaciones de aumento de capital por compensación de créditos que no se tenga que integrar en la base imponible.
En las entidades parcialmente exentas solo se considera el resultado positivo de rentas no exentas.

Las entidades que prestan servicio públicos locales solo aplicarán el mínimo sobre las rentas no bonificadas.

No se aplica este mínimo a: las entidades no lucrativas de la ley 49/2002, a las que tributan al tipo del 1%, a las SOCIMI’s ni a los Fondos de Pensiones.

FUENTE: REAF.

A partir de 2.10.2016 los sábados serán inhábiles para la Administración.

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015), así como en la Disposición Final Séptima de la misma (en general determina que la entrada en vigor de la norma se produce al año de su publicación), a partir del 2 de octubre próximo los sábados serán días inhábiles a efectos del cómputo de plazos, uniéndose a los domingos y festivos que ya se consideraban así.

Esto significa que a partir de dicha fecha, cuando un plazo termine en sábado, se entenderá prorrogado al lunes siguiente.

 

Fuente:  REAF-REGAF del CGE

Sanciones por el no deposito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil

En España  ha habido una relajación por parte del ICAC, órgano encargado en la supervisión de sancionar aquellas empresas que no depositan sus cuentas en el Registro Mercantil correspondiente (entre otras cosas).

Sin embargo esto puede haber llegado a su fin, se han iniciado la apertura por parte del ICAC, de expedientes sancionadores a algunas sociedades que no han cumplido con la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

A este respecto es importante tener en cuenta :

De acuerdo con lo establecido en el artículo 279.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, «Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil.».

El artículo 282.1 dispone que «El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista.».En el apartado 2 del mismo artículo se relacionan algunas excepciones.

Asimismo, según el artículo 283 del mismo texto legal:

«1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo, también dará lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros.
2. La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración tributaria. Estos datos deberán ser facilitados al instructor por la sociedad; su incumplimiento se considerará a los efectos de la determinación de la sanción. En el supuesto de no disponer de dichos datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efecto se solicitará del Registro Mercantil correspondiente.
3. En el supuesto de que los documentos a que se refiere este capítulo hubiesen sido depositados con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento.
4. Las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán a los tres años.»

Por otra parte, hay que saber que conforme al 371 del Reglamento del Registro Mercantil, al finalizar cada año, los Registradores Mercantiles deben de remitir a la Dirección General de los Registros y del Notariado y esta, a su vez, al ICAC, una relación alfabética de las sociedades que no hubieran cumplido en debida forma la obligación de depósito de las cuentas anuales, para la incoación del correspondiente expediente sancionador. Por lo tanto, el ICAC tiene conocimiento cada año de las sociedades que no han efectuado el depósito.

Este procedimiento se sigue conforme a los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo cual se concreta en que desde que se notifica la incoación del expediente sancionador se da un plazo para efectuar alegaciones de 15 días, en que existe un plazo para resolverlo y notificar dicha resolución de 6 meses desde la fecha del acuerdo de incoación, pasado el cual caduca el expediente, o que se puede suspender o interrumpir el cómputo del plazo en los casos que prevé la citada norma.

Fuente: EC-CGE

Sociedades Civiles contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades para el 2016

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Desde la reciente modificación del articulo 7 del Impuesto sobre sociedades, habían saltado todas las alarmas. Parecía que la nueva redacción de la ley había convertido sujeto pasivo del impuesto a las sociedades civiles con objeto mercantil.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales han publicado unas conclusiones a raiz de la interpretación de las últimas consultas vinculantes las cuales tienen gran valor aclaratorio y pasamos a reproducir.

Ya se han publicado consultas vinculantes relacionadas con las sociedades civiles que pueden pasar a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016.

«De la lectura de las mismas sacamos las conclusiones siguientes:

  • Las comunidades de bienes, mientras no cambie la norma, nunca serán contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y los comuneros seguirán tributando en el IRPF en régimen de atribución de rentas.
     
  • Para que una sociedad civil pase en 2016 a ser contribuyente del Impuesto sobre Sociedades se deben cumplir simultáneamente dos condiciones:
    • Primera.- tener personalidad jurídica, cosa que se cumplirá a estos efectos si se ha constituido en escritura pública o, habiéndose hecho en documento privado, si el mismo se aportó a la Administración tributaria para la obtención de un NIF.
    • Segunda.- su objeto es mercantil, teniendo como tal “la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil”. Quedan por tanto excluidas las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional.
       
  • Una sociedad civil que desarrolla una actividad de mera titularidad de inversiones no será en 2016 contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
     
  • Si una sociedad civil pasa en 2016 a tributar por el Impuesto sobre Sociedades, deberá llevar contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio. A la pregunta de si han de depositar cuentas en el Registro Mercantil, el Centro Directivo responde que no es competente para contestar sobre este particular.
     

    Como representativas se recomiendan las Consultas numeradas comoV2376-15, V2377-15, V2378-15, V2381-15, V2392-15, V2412-15 y V2431, todas de 28/07/2015, excepto las dos últimas que tienen fecha de 30/07/2015.»

La morosidad de las empresas del IBEX sigue empeorando con más de 57.800 millones de euros y 187 días de plazo medio de pago, triplicando los límites que marca la Ley

 

Madrid, 9 de julio de 2015.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha realizado un año más un exhaustivo y detallado análisis de los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En líneas generales, las conclusiones de PMcM apuntan a que las empresas cotizadas pagaron en 2014 a sus proveedores en plazos superiores a los permitidos por el apartado 3 del Artículo 4 de Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en virtud de la reforma introducida por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad. La revisión de la PMcM detecta que las compañías del selectivo liquidaron sus facturas en un periodo medio superior a los 187 días, más del triple del plazo permitido (60 días).

Los balances de la CNMV ponen de manifiesto que la morosidad de las compañías del selectivo alcanza los 57.824 millones de euros. En 2014 se apreció un ligero empeoramiento del 3% en el plazo medio de pago de las empresas no financieras del IBEX, que aumentaron en cinco días el tiempo de liquidaciones respecto al mismo periodo de 2013 y pasaron de 182 en 2013 a los 187 el año pasado.

“Esta situación habría mejorado de haberse acometido las medidas que hemos venido proponiendo desde la PMcM, por ejemplo, la implantación de un régimen sancionador, pero no ha sido así debido a la inoperancia del Gobierno en materia de morosidad en el ámbito privado, a pesar de sus compromisos públicos”, manifiesta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Por ello, la PMcM ha convocado una Asamblea Abierta para el próximo 17 de septiembre, en la que se analizará la situación de los cambios legislativos y la evolución de los pagos. Asimismo, se ha solicitado al Gobierno que presente en este encuentro el estado de cumplimiento de sus compromisos.

Unas semanas antes (a finales de agosto) vencerá el plazo que tiene el Gobierno de España para responder a los requerimientos de la Unión Europea (UE). El organismo ha iniciado un procedimiento de infracción contra España (promovido por la PMcM, entre otros), por “defectuosa transposición de la directiva 2011/7/EU”, esto es, por incumplir los plazos de pago especificados en la Directiva 2011/7/UE por parte de las autoridades públicas.

Concretamente en lo que se refiere a la morosidad por parte de la Administración Pública, la PMcM ha querido realizar unavaloración del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que actualmente está en periodo de consulta. Al respecto, Cañete señala que “no se establecen medidas para asegurar que el dinero llegue al último eslabón, por ejemplo, haciendo que los pagos a los subcontratistas sean directos, tal y como permite la Directiva 2014/24/UE. Es más, esto se impide expresamente en el anteproyecto”.

“Tampoco se asegura en todos los casos que haya un control de los plazos de pago a las subcontratas por parte de la Administración contratante, y se mantienen las ambivalencias que permiten un alargamiento de los plazos de pago en función del medio de pago de que se trate. Del mismo modo, no se aprovecha para asegurar que el plazo de aprobación de certificaciones quede estrictamente limitado a 30 días”, afirma.

Asimismo, la PMcM ha manifestado su malestar ante la presión que está ejerciendo la CEOE para que las pymes no puedan mejorar su acceso a la contratación pública, y el hecho de que Cepyme guarde silencio. “Esta entidad debería defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas ante la CEOE y el abuso de las grandes compañías para mejorar la competitividad y viabilidad de nuestro tejido empresarial.

Morosidad de compañías cotizadas por sectores económicos

Los principales sectores de actividad de las compañías cotizadas (IBEX y el resto del mercado continuo) presentan una evolución dispar en cuanto a plazos medios de pago, aunque sus tiempos de liquidación siguen estando fuera de los límites que marca la Ley. En 2014, el plazo medio de pago de las sociedades cotizadas no financieras fue de 193 días, lo que ha supuesto un incremento del 1% sobre el plazo de 2013, que fue de 191. Los dos sectores que aumentaron sus tiempos de liquidación fueron comercio y servicios, con 8%, y construcción e inmobiliario, con 2%. Por su parte, los sectores de  industria y energía registraron una mejora en los plazos del -7% y el  -4% respectivamente. 

Plazos medios de pago y cobro de las empresas cotizadas (nº de días)

Los datos analizados revelan que el sector de la construcción e inmobiliario se mantiene como el que registra una mayor demora en la liquidación de sus facturas. Sus plazos medios de pago llegaron a los 300 días en 2014, frente a 292 de 2013. En este sentido, la PMcM advierte que “estas cifras se refieren a todas las líneas de negocio que poseen las constructoras, en las que están aplicando las mismas prácticas abusivas”. Se trata del aprovisionamiento a las administraciones públicas deservicios de tratamiento y recogidas de residuos y de conservación y mantenimiento de infraestructuras, entre otros.

Al sector de la construcción le sigue de cerca comercio y servicios, con 290 días, 22 más que en 2013; industrial, con 221, 16 menos; y energía, con 103, 4 días menos.

Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las correspondientes a los cobros que estas mismas empresas realizan a sus respectivos clientes. En el caso de las empresas no financieras del IBEX, se trata de periodos notablemente más reducidos: 84 días, un 7% mayor si se comparan con los plazos de cobro de 2013 (79 días).

Por sectores de las empresas cotizadas (selectivo y el resto del mercado continuo), construcción e inmobiliario repite como ámbito económico que presenta unos periodos de cobro más largos. En 2014, las empresas de este ámbito cobraron sus facturas en 137 días, seis más que en 2013 (5%). El plazo medio de cobro de las compañías industriales del IBEX alcanzó los104 días, seguido del de servicio y comercio (78) y energía (62).

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha reiterado que “estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos. Vulneran la ley haciendo uso de su posición de dominio, provocando que nuestras empresas y autónomos pasen por una situación de desigualdad e inferioridad y, al mismo tiempo, que sean menos viables y competitivas que las empresas de los países de nuestro entorno. Solo con un régimen sancionador erradicaremos esta lacra”.

Estimación de intereses de demora y volumen de facturas pagadas fuera de la Ley

 

*Nota: El ahorro financiero se ha calculado como la estimación del coste de financiación de cartera excedida de plazo legal, al tipo de interés medio para operaciones de crédito de más 1 millón de euros en 2014 (tipo de interés publicado por el Banco de España). Los intereses de demora se han calculado al tipo de interés oficial, el 8,15%.

 

Ahorro financiero, intereses de demora y facturas que exceden los plazos legales

El análisis de la PMcM concluye que el alargamiento de los plazos medios de pago ha supuesto también un aumento del importe total de las facturas que se liquidan por encima de los límites de la Ley. En 2014, los balances de la CNMV ponen de manifiesto que las empresas del selectivo tenían en cartera más de 57.824 millones de euros sobrepasando los 60 días legales. Esta situación representaría unos supuestos intereses de demora de 1.640 millones de euros y un ahorro financiero que asciende a 1.194 millones de euros.

Si se tienen también en cuenta los datos agregados del resto del mercado continuo, el importe de las facturas en cartera por encima de los plazos que marca la Ley es de 66.680 millones de euros, mientras que los intereses de demora alcanzarían los1.985 millones.

 


Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

 

Cuenta oficial de Twitter: @PCMorosidad

Antoni Cañete, presidente de PMcM: @AntoniCanete

 

Página web: http://www.pmcm.es/

Blog morosidad: http://www.pmcm.es/blog

Notas de prensa: http://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32

Los administradores vuelven a responder con todo su patrimonio.

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El pasado 12 de diciembre de 2008, ante la situación de desequilibrio generalizado que tenían algunas sociedades inmobiliarias el gobierno aprobó El Real Decreto-Ley 10/2008, introdujo un régimen extraordinario, y temporalmente limitado, de excepción a las obligaciones en un máximo de dos meses desde que el administrador conozca de la quiebra de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas graves. Este régimen se ha prorrogado cada año desde entonces, pero el Ejecutivo ha decidido no mantenerlo en 2015.

Por lo tanto los administradores que no adopten medidas inmediatas ante un deterioro de las cuentas de la empresa deberán responder con su patrimonio. Cumpliendo la normativa mercantil vigente, es por ello fundamenta que los administradores conozcan su obligación de  convocar la junta general en el plazo de dos meses desde el afloramiento de la causa de disolución y la de solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social de la junta fuera contrario a la disolución o no pudiera ser logrado, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se hubiera constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

En el decreto hoy derogado, permitía a  las sociedades que, por haber sufrido pérdidas por deterioro derivadas del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias o de las existencias, tuvieran un patrimonio neto inferior a los dos tercios del capital social (en el caso de las sociedades anónimas) o inferior a la mitad del capital social (tanto en anónimas como limitadas), no quedarían sujetas a la obligación legal de reducción de capital si el patrimonio no se recuperaba en un ejercicio económico, en el primer caso, ni se encontrarían en causa de disolución por pérdidas, en el segundo, sin perjuicio de la obligación de reflejar estas pérdidas en las cuentas anuales.